Señor Director:

La reciente noticia de la destitución de Loreto Maturana, directora del Hospital de San Antonio, nombrada a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y que cuenta con una destacada formación y trayectoria para el desempeño del cargo, por “pérdida de confianza política” al haber contratado a una exministra de Salud, merece al menos algunos comentarios.

Nuestra legislación decidió limitar el poder discrecional de quien ostenta circunstancialmente la primera magistratura de la nación para profesionalizar la dirección de los servicios públicos a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Los directores de hospitales y de servicio de salud forman parte de este sistema. Estos directores deben tener autonomía en sus decisiones, que deben estar basadas en criterios técnicos y el interés general de la ciudadanía a la cual sirven. Por esta razón, que se haya solicitado la renuncia a la directora del hospital “por razones de pérdida de confianza política” —según lo informado por los medios— es una pésima señal, más aún cuando las razones de esta pérdida de confianza sean “haber contratado a una exministra de Salud” de un gobierno de distinto signo político, cuando, entendemos, la exministra tiene de sobra las capacidades requeridas para desempeñar esa función, que es técnica, no política.

Exigir lealtad con un partido o movimiento para desempeñar funciones técnicas no es propio de las democracias modernas, genera una innecesaria pérdida de talentos, ahoga la creatividad y el pluralismo, y genera temor y retraimiento a la esfera privada.

A pesar de que la información a la vista es incompleta, se debe recordar que tener candidatos para el cargo de Subdirección Médica es en general complejo. Los profesionales médico-cirujanos, que son los únicos que pueden postular, y que tengan experiencia y conocimiento en administración, no abundan. En el caso de San Antonio, un recinto nuevo y de alta complejidad, dar continuidad a su dirección general, que ha sido bien evaluada, parece pertinente.

Apelamos a que se encuentre una solución razonable en el más breve plazo, en beneficio de la salud pública y un mejor Estado para todos.

(Esta carta la suscriben otros 33 firmantes)