Todo el episodio ocurrido en el Hospital Claudio Vicuña, de San Antonio —no completamente superado— es una lamentable muestra de la mal entendida incorporación de criterios políticos en la designación de autoridades en los hospitales públicos, lo que resulta particularmente dañino para estas instituciones.

La directora del hospital, Loreto Maturana, quien llegó al cargo por Alta Dirección Pública (ADP), nombró subdirectora médica de gestión asistencial a Jeannette Vega —médico cirujano, especialista en Salud Pública y doctora en esa área—, aprovechando que ella, una persona con altas calificaciones para el cargo, vivía en Santo Domingo, vecino a San Antonio, y, por lo tanto, tenía una relativa facilidad para aceptar el nombramiento. Sin embargo, su pasado como ministra de Desarrollo Social de Gabriel Boric, y la visibilidad que tuvo el que, en esa calidad, una de sus asesoras contactara telefónicamente al líder de la CAM, Héctor Llaitul, para abrir un canal de diálogo —episodio que condujo posteriormente a su renuncia—, generó una dura reacción del mundo político oficialista. En ese contexto, el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio objetó el nombramiento, afirmando que “personalmente no avalo la decisión, y aunque respeto a la doctora Vega desde el punto de vista profesional, creo que es un error político”.

Como la doctora Maturana se negara a revertir la contratación de Vega, se le pidió la renuncia no voluntaria a la dirección del hospital, esperando que quien la subrogara concretara dicha salida. Sin embargo, en señal de protesta contra lo que estaba ocurriendo, los subalternos a quienes les hubiese correspondido tomar esa subrogación no estuvieron dispuestos a hacerlo. Adicionalmente, varios de los médicos del hospital renunciaron a seguir trabajando en él, agravando su crisis de funcionamiento. Finalmente, ayer se consiguió nombrar a un director subrogante, el doctor Christian Smith, y la políticamente cuestionada Dra. Vega fue confirmada en su cargo, con lo cual el hospital estaría en condiciones de recuperar —al menos en parte— la normalidad de su funcionamiento.

No cabe sino examinar críticamente lo sucedido. El país ha hecho un esfuerzo por instalar un sistema de alta administración pública, al que se accede por concurso en que se analizan la experiencia y los méritos de los postulantes. Quienes alcanzan esas altas posiciones tienen cierta autonomía en la toma de decisiones, en particular, en un recinto como el Hospital Claudio Vicuña, que es autogestionado. La afirmación del director regional de Salud, de no objetar profesionalmente a la Dra. Vega, pero sí políticamente, y que por esa razón no debería asumir, es un criterio reprochable. Lo que eso logra es subvertir la calidad del aparato público, al establecer una suerte de prueba de lealtad política con el gobierno de turno para alcanzar ciertos cargos. Ello solo desata una vuelta de mano cuando el signo político del gobierno cambia, y lo que sufre es la calidad de las instituciones y la ciudadanía a la que ellas sirven.

Y aunque hay casos en que las diferencias políticas de algunos funcionarios públicos con las del gobierno pueden interferir con la capacidad de este para implementar sus políticas, en este caso, y, en general, en el caso de Salud, ello no es así. Resulta, además, particularmente lamentable que algunos diputados oficialistas se hayan sumado al coro de repudio a la Dra. Vega, y que lo hayan hecho con un lenguaje insultante, pidiendo la salida de “todos los médicos zurdos”. Con esa actitud reproducen y exacerban el sectarismo que tantas veces —y con razón— se les reprochó a los gobiernos de izquierda, emporcando la convivencia. Es de esperar que las más altas autoridades políticas llamen la atención a quienes escalaron este incidente, y que, además, indiquen a la ciudadanía cuál será su criterio futuro en estas materias.