Señor Director:
El editorial “Gratuidad y reactivación” (sábado 25 de abril) sostiene que la enorme inversión en esta política “no ha generado mejorías en el acceso o en el funcionamiento del sistema de educación superior”.
La evidencia desde la Universidad Alberto Hurtado señala algo muy diferente. El 67% de nuestros estudiantes ingresa con gratuidad; entre 2021 y 2024, los de los primeros cuatro deciles crecieron un 31%. El dato más elocuente es académico: quienes ingresaron con gratuidad en 2017 se titulan al doble de tasa y desertan tres veces menos —una brecha de 50 puntos porcentuales en titulación y 59 en deserción.
La gratuidad ha rendido en titulación como las becas selectivas, pero con mucho mayor alcance, y ha aliviado la carga financiera de familias que antes no podían soñar con ver a un hijo o hija egresar.
El editorial propone elevar las exigencias de la PAES como fuente de ahorro. La evidencia sobre el poder predictivo de esta prueba de admisión es controvertida; lo que sí está documentado es la enorme inequidad en las condiciones con que los estudiantes llegan a rendirla. Subir los puntajes de corte sin abordar esa desigualdad estructural no premia el mérito, sino que discrimina a quienes provienen de hogares con menor capital cultural y sin recursos para preparaciones particulares. Y la formación técnico-profesional merece fortalecerse por sus propios méritos, no ofrecerse como salida residual.
La gratuidad necesita correcciones —aranceles regulados, depuración de la asignación por deciles— y se deben implementar. Pero es indispensable distinguir lo que debe corregirse de lo que debemos preservar: una política que asegura acceso equitativo a la educación y aporta decisivamente a la movilidad social que Chile necesita.
Cristián del Campo SJ
Rector Universidad Alberto Hurtado