Señor Director:

El proyecto de Ley Escuelas Protegidas, aprobado el pasado martes por la Cámara de Diputados, adolece de una grave injusticia aparentemente inadvertida por los legisladores. Ante la misma conducta, el proyecto establece consecuencias radicalmente distintas según el origen socioeconómico del estudiante: quien depende de la gratuidad estatal para financiar su educación superior verá ese beneficio suprimido en el futuro, mientras que quien puede costear sus estudios de forma privada no enfrenta sanción equivalente. Es decir, si dos estudiantes de la misma escuela cometen exactamente el mismo acto, pero tienen condiciones socioeconómicas diferentes, el Estado castigará solo a uno, al con menos recursos. El castigo, en definitiva, no recae sobre el acto, sino sobre la condición económica del infractor, es un castigo contingente al ingreso, lo que resulta difícilmente compatible con el principio de igualdad ante la ley.

Universidad de Chile

Exjefe de Educación Superior, Mineduc