Para recuperar el crecimiento, y por esa vía aumentar el empleo, los salarios y los impuestos recaudados, es prerrequisito un incremento sustancial de la inversión. Uno de los factores que complican lograrlo es la dificultad que enfrentan las empresas para desarrollar sus proyectos, tanto por la muralla de permisos de complejo trámite que deben superar, como por el excesivo tiempo que demora procesarlos, así como la facilidad con que esos procesos pueden verse interrumpidos, administrativa o judicialmente, o, incluso, retrotraídos a etapas anteriores.

De ahí que el proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Gobierno contenga disposiciones que procuran atacar directamente esos problemas. Entre ellas: racionalizar la cantidad de permisos y la forma en que se procesan, para evitar la secuencialidad de su trámite y la serie interminable de consultas, adendas y otros, que entorpecen el proceso, procurando, simultáneamente, no modificar los estándares de protección y otorgando mayor certeza jurídica a lo obrado; reducir de 2 años a 6 meses el plazo para invalidar autorizaciones sectoriales ya otorgadas; no permitir observaciones que no estén bien fundadas o excedan las competencias del servicio respectivo; acotar las vías de impugnación a proyectos, y limitar quienes las pueden invocar. A su vez, las mejorías tecnológicas de proyectos con RCA (Resolución de Calificación Ambiental) ya aprobada que no impacten de manera sustantiva a los procesos involucrados, no requerirán someterse a una nueva, y, si una RCA es anulada judicialmente, el titular tendrá derecho a restitución de los gastos incurridos.

Todas estas disposiciones apuntan a impedir que funcionarios busquen excusas para dilatar proyectos y procurar que funden adecuadamente las objeciones que interpongan.

Respecto del cuestionado Consejo de Monumentos Nacionales, se fija un plazo de 20 días corridos para que se pronuncie ante hallazgos y, en caso de que se exceda ese plazo, la obra podrá continuar. Habrá una vía de aprobación automática para casos de “intervenciones menores”, y, como contrapartida, habrá sanciones para la falta de aviso y las declaraciones falsas.

Este conjunto de medidas, correctamente orientadas, presentan un importante desafío para el Servicio de Evaluación Ambiental: asegurar que las modificaciones introducidas no sirvan de excusa para bajar los estándares ambientales. Pero, a su vez, bien aplicado, puede transformarse en un muy positivo impulso a las inversiones.