Cadáveres amontonados en cámaras de tránsito sin refrigeración o desplegados en el piso de containers arrendados; funcionarios contagiados de tuberculosis; una cifra incierta y cambiante de cuerpos sin identificar; el caso del joven que fue buscado durante dos meses por su familia y amigos para descubrir, gracias a un reportaje de TV, que su cuerpo estuvo desde el principio sin ser identificado en el Servicio Médico Legal (SML).

El SML cumple una función clave en el sistema de justicia y para la seguridad pública. De él dependen, entre otros, el Sistema Nacional de Registros de ADN, los informes de alcoholemia, la identificación de cadáveres y determinación de su causa de muerte, los peritajes en casos de agresión sexual y los peritajes de filiación y de lesiones. Estas funciones apenas se están cumpliendo. Por ejemplo, a raíz del caso del asesino del “rey de Meiggs”, que fue liberado indebidamente por Gendarmería, la Contraloría informó que entre 2023 y 2024 los laboratorios de las policías realizaron 5.172 informes de análisis con perfiles genéticos por instrucción de la Fiscalía. Sin embargo, 4.379 de ellos no fueron remitidos al SML y, por tanto, no fueron ingresados al sistema. Según el mismo informe, a diciembre de 2024, el SML tenía cerca de 25.000 perfiles genéticos pendientes de ingreso, y en algunos casos han transcurrido más de 13 años entre la toma de la muestra biológica al individuo y la determinación de su huella genética. El SML también debe entregar a Gendarmería los kits para tomar las muestras genéticas a los internos, pero en diciembre del 2025 el organismo penitenciario solo contaba con 400 kits para distribuir en todo el país, en circunstancias que debían tomarse muestras a 5.771 internos.

A lo anterior deben añadirse los hallazgos de otra auditoría del ente contralor, según la cual el sistema de registro de los exámenes de alcoholemia funciona sin supervisión del área de informática desde 2023. Por otro lado, los ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se registran en libros de papel, sin exigencias mínimas de información relevante, como la identificación de los médicos responsables, mientras que la eliminación de muestras se consigna en planillas Excel sin formato estandarizado, lo que dificulta la trazabilidad e identificación de quienes las manipulan. Todo esto facilita “la ruptura de la cadena de custodia y, por ende, expone el material a errores, inconsistencias o alteraciones no detectables”. Por si fuera poco, el informe identificó 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no pertenecen al personal vigente.

Los desafíos de esta institución son inmensos y comprenden desde problemas básicos de dotación, recursos y gestión hasta la revictimización de las personas que deben someterse a exámenes o esperan la entrega del cuerpo de sus seres queridos. Un capítulo aparte es el trato indigno que se otorga a estos cuerpos. Nada de esto es nuevo, y es difícil comprender que las personas responsables, comenzando por los ministros de Justicia y Derechos Humanos de las últimas décadas, hayan podido tolerar durante tanto tiempo este estado de cosas. Se trata aquí de una triple emergencia: humanitaria, para el funcionamiento del sistema de justicia y para el resguardo de la seguridad pública. La reciente remoción de la directora del Servicio y de otros directivos es apenas el primer paso de lo que debiera ser una intervención profunda en un organismo evidentemente en crisis.