El proceso electoral peruano ha sido a todas luces bochornoso. Transcurridos quince días desde que fue la elección, aún no es posible saber quién estará en segunda vuelta, acompañando a la candidata Keiko Fujimori. Al mismo tiempo, subsiste la controversia por las demoras que obligaron a extender un día más la votación en un sector de Lima. Al ser esta ciudad el territorio donde uno de los candidatos que disputan el paso al balotaje —el populista Rafael López Aliaga— es más fuerte, la situación ha dado pie a especulaciones y servido para que López Aliaga —quien se ubica en tercer lugar, pero a mínima distancia del segundo, el izquierdista Roberto Sánchez— denuncie un supuesto fraude. Mientras, más de 5 mil actas observadas siguen pendientes de resolución.

En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sido duramente cuestionada por la desastrosa organización del proceso. Lo ocurrido en Lima, así como otras muchísimas fallas operativas han forzado la salida del presidente de la institución, quien ha sido acusado por la Junta Nacional Electoral de atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Es una situación lamentable, que se hace aún más crítica cuando Perú busca con estos comicios dejar atrás un período de grave inestabilidad política. Para ello, la credibilidad del resultado electoral es clave. Desde la perspectiva de Chile, junto con desear que los problemas en el vecino país sean superados, los hechos también llaman a valorar el inmenso activo que representa nuestro sistema de votaciones. En más de tres décadas de democracia, el funcionamiento del Servicio Electoral no ha estado exento de críticas, pero en la que es su tarea más básica, esto es, la eficiente organización de los procesos electorales y la entrega oportuna de sus resultados, su desempeño ha sido intachable. Así ha sucedido incluso en momentos de aguda crisis política, donde la confianza en el sistema de votaciones ha ofrecido un punto de encuentro y encauzado tensiones.

Observar el problema que hoy vive Perú enseña la importancia de cuidar esta institucionalidad. Ello, desde luego, implica el respeto a su funcionamiento, evitando denuncias irresponsables y acatando sus resultados. Pero también supone dotar al Servel de los recursos necesarios y procurar que quienes llegan a su consejo directivo no solo reflejen el pluralismo de nuestra sociedad, sino que reúnan las condiciones para seguir garantizando su independencia y credibilidad. La defensa de una democracia comienza en el cuidado de quien cautela que exista una competencia justa, y ese rol lo tiene legítimamente ganado este servicio.