Señor Director:

Cada cierto tiempo un tema tan esencial, como es el acceso a los medicamentos, vuelve a la discusión pública como si fuera una novedad, olvidando que aún no lo resolvemos integralmente.

En Chile, el gasto total en salud, compuesto por el gasto público (vía impuestos y cotizaciones obligatorias) más el gasto de bolsillo (que es lo que directamente deben pagar las personas al enfermar), ha crecido sostenidamente, desde un 4% del PIB en 1990 a cerca de un 10% en la actualidad —similar al promedio OCDE—, y en el mismo período el gasto público ha aumentado de 1,9% a cerca de 6% del PIB, constituyéndose en una anomalía inédita que merece explicación, ya que a diferencia de la experiencia internacional, donde el aumento del gasto público produce disminución de costos para el bolsillo familiar, en nuestro país se ha mantenido porfiadamente sobre el 30%, y de este, más de un tercio corresponde a lo que las personas gastan en medicamentos.

Parte de la respuesta está en el acelerado envejecimiento de la población, sin que el país haya realizado las inversiones necesarias en prevención ni adaptado su sistema de salud a las enfermedades crónicas que dominan el perfil epidemiológico actual. A ello se suman las ineficiencias del sector público, cuya productividad no despega, pese a sostenidos aumentos de recursos, y las del sector privado, donde los incentivos apuntan en la dirección contraria a mantener a la población saludable y a contener el gasto: más prestaciones, más consumo, más costos.

En ese escenario, la demanda por medicamentos es enorme y los mecanismos vigentes, como las garantías explícitas en salud y los arsenales de la atención primaria, resultan en este ámbito insuficientes. Lo más revelador es que desde marzo del 2015 existe en tramitación legislativa el proyecto de ley conocido como Fármacos II, destinado específicamente a mejorar el acceso a medicamentos. Han transcurrido 11 años y aún no se aprueba.

Ese dato solo puede interpretarse de una manera: los intereses de la industria y la incapacidad de alcanzar acuerdos políticos han sido, sistemáticamente, más poderosos que el bien común. Ya es tiempo de que eso cambie y de que los ciudadanos lo exijan con fuerza.

Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas