Señor Director:

El legítimo esfuerzo por ordenar las cuentas fiscales ha vuelto a poner en el centro una distinción habitual del lenguaje económico: aquella que separa “gasto” de “inversión”.

Aristóteles establece en la “Ética a Nicómaco” que toda deliberación práctica se orienta hacia algún bien. En el ámbito público, ello remite al bien común. Desde esta perspectiva, ciertas partidas —como la formación para el trabajo, la salud o la protección social— no solo representan costos, sino condiciones que sostienen la cohesión social, la dignidad de las personas y las capacidades de desarrollo.

Por lo mismo, una deliberación responsable debería poder responder, al menos, cinco preguntas antes de decidir qué se reduce: ¿qué condiciones sociales sostiene esta partida? ¿Cuál sería el costo de reponerlas si se deterioran? ¿Quiénes verían limitada su participación en la vida común en caso de reducirse? ¿Podríamos defender esta decisión públicamente ante quienes resultan afectados? Y, en último término, la más exigente: ¿Las decisiones que hoy adoptamos resguardan aquello que decimos querer preservar?

Directores de Asociación de Ética Empresarial y Organizacional de Chile

Sara Lara Espinoza