Señor Director:

En respuesta a su carta (ayer), “No abandonar lo útil por lo grandioso”, del señor Nicolás Balmaceda, me veo en la obligación de aclarar un par de puntos al subsecretario. Si el Estado decide poner término anticipado a un contrato, está en su derecho; basta con decir que tienen otras prioridades y que no cuentan con los recursos para seguir adelante. Sin embargo, sembrar un manto de dudas sobre el proceso de adjudicación y los montos involucrados es simplemente intolerable.

Para que el señor subsecretario se eduque en el tema, el proceso de licitación del GAM duró más de un año y medio. No fue entre “gallos y medianoche”, justo antes de terminar el anterior gobierno. Participaron cinco compañías o consorcios, de los cuales tres eran internacionales, pero solo llegó nuestro consorcio, Moller-DVC, con una propuesta económica. La propuesta es pública y en ella se detallan todos los costos, gastos y utilidades de este consorcio, por si el señor subsecretario tiene alguna duda.

Que el señor subsecretario sepa que en casi todos los procesos de licitación del Estado en los que hemos participado, el Estado asigna un presupuesto muy menor y termina ajustándolo a la realidad. A esta altura, no sé si es un tema de negociación o qué será, pero el hecho de que el Estado tuviera un presupuesto de $72 mil millones, no significa que la obra costara eso. La realidad indica que llegó una sola compañía con una propuesta para construirlo por $114 mil millones. Les pido que dejen de justificar sus decisiones sembrando dudas.

Presidente, Moller y Pérez Cotapos