Cuando se habla del poder corrosivo de la desigualdad, se suele pensar en ingresos económicos repartidos fuera de toda proporción lógica. Pero probablemente incluso más disolvente que esa desigualdad resulta la diferencia de prerrogativas entre una casta privilegiada e insensible y el país de a pie.

Ella inclina el plano de una manera descarada que molesta, siembra desconfianza y descompone el tejido social, porque vulnera varias de las promesas clave de la convivencia justa, como la igualdad ante la ley o la posibilidad de movilidad social.

Por eso resulta irritante la actitud del fiscal nacional. Reporteros de Mega lo contactaron hace unas semanas para consultarle acerca de una deuda impaga que mantenía por el préstamo que recibió en su etapa estudiantil a través del Crédito con Aval del Estado. Inmediatamente después de esa consulta periodística, el fiscal pagó la deuda, justo antes de que el canal de televisión revelara que él y decenas de altos funcionarios del Congreso y Contraloría se encontraban morosos con el Fondo Solidario.

Parece evidente que el fiscal liquidó la obligación —adquirida en 2004— solo cuando se enteró de que su situación iba a ser expuesta públicamente. Y también resulta obvio que contaba con los fondos para cancelar el monto en mora —según Mega, más de $15 millones; según el involucrado, más de $5 millones—, pues, no se demoró en pagar una vez que supo del reportaje que lo iba a mencionar.

Queda claro que el fiscal había escogido ignorar una deuda con el mismo Estado al cual sirve como funcionario de altísimo nivel. Por supuesto, es una paradoja que el encargado de dirigir la institución que persigue el delito en el país muestre un compromiso tan laxo con obligaciones personales mínimas y que su conciencia solo sea removida por el peligro de quedar expuesto ante la opinión pública.

El severo persecutor tenía pies de barro: un estándar para el resto —cúmplanse la ley y las obligaciones— y otro para sí mismo. El hombre que debe aplicar la ley a todos los chilenos decidió que para él rige la ley… del embudo.

Aunque revestido de características particulares y condiciones propias, su caso está lejos de ser una rareza. Se viene repitiendo desde hace años, con matices e intensidades variables, a lo largo y ancho de una élite que se acostumbró a los chanchullos y al todo vale para acceder a cargos, triunfar en los negocios y ganar poder o dinero. Los ejemplos sobran.

Son numerosos —demasiados—– los que hoy parecen contentarse con parecer, postergando el verdadero valor de ser. Consiguen el puesto y olvidan pronto la obligación que conlleva. Representan la viva encarnación de la distancia que existe entre la potestad, que supone apenas la posesión formal de un cargo, y la autoridad, que emana de un proceso trabajoso a través del cual una razón activa influye en otra pasiva, convenciéndola con argumentos y buen ejemplo.

La primera se pavonea, es intelectualmente pobre y se construye sobre la arena de las apariencias; la segunda razona, es sofisticada y se edifica con la piedra de la esencia.

Quienes se limitan a parecer usan un atajo hacia el poder y el privilegio. Otros toman la ruta larga, más difícil. Porque llegar a ser toma tiempo, preparación, sudor, no pocas lágrimas e incomprensión. La apariencia es improvisación, moda e inestabilidad; la esencia, perseverancia, tradición y permanencia.

Hoy, cuando los asesores de imagen, los expertos en marketing y los gurúes electorales han adquirido una presencia desproporcionadamente protagónica, la búsqueda de un liderazgo profundo luce extraviada o, incluso, como una consecuencia del fanatismo. Pero no cabe duda de que requerimos líderes con verdadera autoridad: solo ellos, con su capacidad, entrega y ejemplo, se hallan en condiciones de demandar a la población sacrificios que adquieran sentido para una vida social robusta.