Más allá de lo que puedan decir las próximas encuestas, es indudable que esta ha sido una buena semana para el gobierno del Presidente José Antonio Kast. La presentación del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social ha conseguido poner el foco público en una de sus principales promesas de campaña: revertir un largo período de estancamiento económico. Una apuesta por el crecimiento y la creación de empleo que está alineada con las preocupaciones ciudadanas más sentidas. Naturalmente, algunas de las propuestas pueden ser objeto de críticas o mejoras durante la tramitación parlamentaria —sobre todo el impacto fiscal de algunas medidas—, pero en lo sustancial el mensaje presentado da cuenta de una significativa diferencia con los proyectos económicos de la administración anterior no solo en cuanto al objetivo que se persigue, sino que también respecto de la calidad técnica del informe financiero que lo acompaña.

La oposición, en cambio, ha quedado en una situación muy difícil, sumida entre las consignas populistas, las amenazas de recurrir al Tribunal Constitucional —al que no hace mucho en forma despectiva llamaban la “tercera cámara”— y la irrelevancia. El desconcierto sufrido en sus filas al constatar que no tienen la única llave para alcanzar mayoría en el Congreso —a raíz de las negociaciones del Gobierno con el Partido de la Gente— es enorme. Los sorprende, además, sin una propuesta alternativa creíble que pueda hacerse cargo de la necesidad de que el país retome la senda del crecimiento.

Si bien puede resultar entendible la utilización de eslóganes para resumir una idea fuerza durante una campaña —se trata de un elemento legítimo para relacionarse con el electorado—, lo insólito es que la oposición recurra a ellos —algunos son francamente ridículos— en los debates legislativos donde precisamente los parlamentarios están llamados a dar argumentos de fondo y hacer propuestas serias. Más todavía, si se considera que faltan más de dos años para las próximas elecciones.

Pareciera que la izquierda encontró en las consignas una forma de eludir el debate sobre el pobre desempeño económico de la administración Boric —entre otros aspectos, los cuestionamientos sobre su manejo fiscal y sus desastrosos resultados en materia de empleo—, y también una manera de evitar responder por qué no abordaron una serie de problemas que resultaban urgentes.

¿Cuál es su propuesta para retomar la senda del crecimiento económico y aumentar la generación de empleo? ¿Están dispuestos a recortar los gastos que hace el Estado y eliminar una serie de programas mal evaluados? ¿Tienen alguna autocrítica frente a las consecuencias de la aplicación de una serie de medidas que rigidizaron el mercado del trabajo? ¿Tienen alguna propuesta alternativa relevante para promover el desarrollo económico o su discurso central sigue siendo el alza o creación de nuevos impuestos? ¿Qué proponen para hacer más atractiva la inversión tanto extranjera como nacional en el país?

Trasnochada estrategia

El tono público de una oposición populista y confrontacional ha sido fijado sin mayores contrapesos por parlamentarios como la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos socialistas. La primera, en una intervención en el Senado, tuvo una insólita arremetida contra el ministro de Hacienda en que no solo le pidió renunciar cuando apenas llevaba dos semanas en el cargo, sino que antes lo acusó de mentir y hasta le pidió tener “decencia”. El segundo, en su defensa ante las críticas de no respetar ni siquiera las formas, sostuvo que “lo positivo sería no que Cicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política”.

Las palabras del diputado PS resumen bien el dilema que deben resolver las fuerzas de izquierda: ejercer una oposición tal vez dura pero respetuosa de las formas institucionales y anclada en la lealtad democrática o, por el contrario, volver al camino de la estridencia y las lógicas destituyentes.

Parece claro que hasta ahora gana esta última opción, a la que se agrega una trasnochada estrategia que pretende poner el eje de la discusión en un artificial enfrentamiento entre “ricos” y “pobres”, la que, de modo fortuito o no, coincide con la reafirmación del carácter leninista del Partido Comunista que hizo su presidente, Lautaro Carmona (ver editorial arriba).

La reciente expresión en redes sociales del diputado Manouchehri —“A los niños pobres les quitan la comida para bajarles los impuestos a los súper ricos. Su ley de los súper ricos es también la Ley del Hambre”— es una evidencia de que las formas seguidas por una parte significativa de la oposición en el debate impiden cualquier diálogo razonado. Otros dirigentes han llegado al extremo de criticar la declaración del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en que anuncia la inobjetable decisión del Gobierno de perseguir el cobro de los deudores del CAE, muchos de ellos de altos ingresos.

Si no hay un giro en esta forma de hacer oposición, difícilmente la ciudadanía podrá verlos como una alternativa.