La canción homónima del cantante argentino Fito Páez, incluida en su disco Abre de 1999, me ha dado vueltas muchas veces en la cabeza en los últimos años. No solo por su melodía pegajosa y letra envalentonadora, sino principalmente por su título.

Hay innumerables ocasiones en la vida pública de un país en que el problema es de actitud. O de falta de ella. No de leyes, ni de indicaciones, ni de regulaciones, ni de plantillas Excel, ni de decretos, ni de excusas normativo-burocráticas que se visten con ropajes de exigencias administrativas.

Es solo una cuestión de actitud.

El mejor ejemplo es el renovado proceso de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República.

Durante años, un grupo exponencialmente creciente de profesionales universitarios —la crème de la crème de la pirámide salarial chilensis— decidieron que no querían pagar el préstamo que ellos mismos habían solicitado a los bancos, accediendo a tasas preferenciales y con garantía estatal del 100%.

A comienzos de este año, ya había 550 mil personas que tenían su pago del CAE moroso. La cifra, puesta en términos absolutos, puede no ser tan llamativa, pero en términos relativos es escandalosa: equivalente a 17 veces el total de alumnos que estudian hoy en la Pontificia Universidad Católica. De eso estamos hablando.

Por cierto que en ese medio millón de chilenos hay realidades muy disímiles. Algunos habrán vivido períodos de desempleo. Otros habrán tenido tropiezos laborales. Y a más de alguno le habrá tocado un jefe incomprensivo. Pero es razonable pensar que la inmensa mayoría desarrolló carreras profesionales que los ubican al menos en el 25% de la población con mayores ingresos. El fiscal nacional Ángel Valencia es el niño símbolo de este grupo.

En los últimos años, la ley que rige al CAE no ha cambiado y el Estado tampoco adquirió una batería de nuevas atribuciones para cobrar a los morosos. Sin embargo, en un santiamén, los morosos comenzaron a pagar. Partiendo por el niño símbolo.

En apenas unas semanas, el Estado ya recaudó US$ 20 millones. Y solo en abril, 7.500 morosos arrepentidos marcharon en procesión para iniciar convenios de pago con la Tesorería.

No se necesitó de ninguna ley nueva ni de ningún reglamento adicional. Y tampoco del pago de horas extras a funcionarios públicos. Todo estaba al alcance de la mano. Era cosa de gestionar mejor y de no sentirse culposo por cobrarle a la gente que no paga, para no seguir engrosando el capital de trabajo del Estado, que financiamos todos nosotros, porque al final del día la garantía estatal corre y el fisco debe hacer malabares para recuperar su dinero.

Era solo una cuestión de actitud.

El último tiempo ha sido prolífico en ejemplos de este tipo. La Contraloría General de la República, probablemente la institución más aburrida de Chile, pasó de la noche a la mañana a tener millones de groupies cuando decidió desempolvar sus bases de datos y poner en evidencia a 25 mil funcionarios públicos que viajaron dentro y fuera del país, mayoritaria y convenientemente en septiembre y diciembre, pese a que mantenían licencias médicas vigentes.

Lo mismo hizo con sendos informes de un millar de empleados públicos buenos para la timba en los casinos, con los insólitos gastos de municipios en fiestas y celebraciones, y con los millonarios viáticos de los servidores estatales para viajes al extranjero. Todo esto sin que mediara ninguna nueva atribución, ningún financiamiento adicional y tampoco, hasta donde se sabe, sin que recayera sobre doña Dorothy Pérez ningún poder heredado de algún superhéroe con crisis vocacional.

Fueron las ganas de hacer la pega, la disposición a quebrar huevos, el coraje para enfrentarse a los grupos de presión y la valentía para elegir lo correcto y desatender el cáncer de hacer siempre lo mismo. Fue solo una cuestión de actitud.

¿Y si al Transantiago le aplicáramos la misma vara de tolerancia cero? Hoy el 35% de los usuarios del sistema no paga cuando se sube a una micro o al metro. ¿Y por qué no poner el mismo carácter para enfrentar al comercio ambulante, a los cuidadores de autos o a las barras bravas?

No hay duda de que para resolver todos estos problemas no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Pero se trata de aplicar la ley. De decidirse a aplicar la ley, y de dejar de mirar para el lado, por parte de un Estado que está obligado a hacerlo. Es lo mínimo, por más que hoy nos parezca excepcional.

Ya van muchos años —especialmente desde octubre de 2019— en que sobran los diagnósticos y falta la valentía de querer hacer las cosas como la ley mandata hacerlas.

Es solo una cuestión de actitud.