Esta semana, el Gobierno presentó uno de los pilares de su estrategia económica: el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Su diseño fue responsabilidad del Ministerio de Hacienda, en tanto su Informe Financiero (IF) —preparado por la Dirección de Presupuestos— marca una significativa diferencia con la administración anterior, durante la cual la Dipres fuera objeto de fuerte cuestionamiento técnico.

Frente a ello, debe destacarse la profundidad de este IF. Sus 45 páginas presentan los supuestos, fuentes y cálculos de los efectos fiscales de las distintas medidas, lo que se contrapone con gran parte de los escuetos informes publicados durante los últimos años. Adicionalmente, se incluyen contribuciones metodológicas asociadas a la cuantificación del impacto de reducciones transitorias de impuestos, dando cuenta de una bienvenida rigurosidad.

Respecto del proyecto mismo, su foco está puesto en revertir nuestro largo período de estancamiento. Y los motores son la iniciativa privada y la inversión.

Para dichos efectos, entre las medidas permanentes destacadas está la reducción gradual del impuesto de primera categoría, desde un 27% hasta un 23% (-1,5 pp el 2027, -1,5 pp el 2028 y -1 pp el 2029). De acuerdo con la tabla 14 del IF, el costo fiscal de esta reducción superaría los $1.800.000 millones en 2030, mientras que el efecto de la recaudación por mayor crecimiento en ese año alcanzaría los $437.000 millones. En el largo plazo, si bien la diferencia disminuiría (pues el impacto del crecimiento se amplifica), la iniciativa por sí sola siempre sería deficitaria.

Otra medida permanente es la reintegración del sistema tributario que, si bien solo en un inicio generaría más beneficios que costos para el erario público, permitiría simplificar la estructura del sistema y establecer un tratamiento uniforme del crédito por impuesto de primera categoría. A su vez, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital tendría un impacto negativo sobre las arcas fiscales (-$19,319 millones el 2030), pero apoyaría un objetivo crítico: activar el mercado de capitales.

Entre las normas, también destaca un estatuto especial para la inversión extranjera que corrige la derogación del DL 600, y además, se hace extensivo el beneficio de la invariabilidad tributaria (25 años) a inversionistas nacionales. En otros ámbitos, resaltan la ampliación de los beneficios asociados al DFL2, la exención total de las contribuciones de la vivienda principal para personas naturales de 65 o más años, normas de probidad en licencias médicas, sanciones al contrabando del tabaco y un aumento en los cupos de incentivo al retiro en el sector público.

Se trata de un conjunto de medidas atractivas que deben ser debatidas en su mérito por el Congreso. En términos netos significarían menores recursos para el Estado. Sin embargo, es necesario incorporar al análisis tanto el aporte del ajuste fiscal que está impulsando el Gobierno (no incluido en el IF) y otra medida permanente del proyecto: la reducción de plazos para la obtención de permisos.

En esa batalla contra la “permisología” se introducen modificaciones en materia de contratación pública, invalidación de autorizaciones sectoriales y patrimonio cultural. En su conjunto, representarían la mayor fuente de recursos adicionales para el Estado gracias a su impacto sobre el crecimiento: $619.166 millones adicionales el 2030 (más de $1.500.000 millones el 2035).

El IF no hace una estimación explícita del efecto total de esta ley sobre el PIB, pero se infiere de su Informe de Impacto Regulatorio (Subsecretaría de Hacienda) que, aun con la reforma, el crecimiento anual no superaría el 3% en esta administración. Será, pues, necesario conocer las otras medidas que permitirían acercarse a la meta de 4% hacia 2030 que se fijó el Gobierno.

Si bien el IF tampoco presenta metas de empleo, la creación de entre 600 y 650 mil puestos de trabajo en cuatro años explicitada por el ministro Quiroz no parece particularmente exigente (bajo la administración Boric se crearon más de 700 mil). En este sentido, el impacto de otra medida clave, el Crédito Tributario al Empleo, parecería más bien limitado.

La iniciativa busca subsidiar permanentemente un porcentaje del sueldo no solo de los trabajadores nuevos (flujo), sino también de los ya contratados (stock) que ganen hasta 12 UTM. Los recursos serían destinados a la empresa vía un crédito tributario. Al considerar el período 2026-2029, el crédito, en términos acumulados, significaría costos por más de $5.000.000 millones y una recaudación inferior a los $264.000 millones. Es decir, por cada $100 de subsidio, se recuperarían $5.

Esto no debe sorprender si parte importante de la transferencia a la empresa se genera por personas ya contratadas. Además, contradice la noción de que la propuesta priorizaría la formalización (esto implicaría un foco en nuevos empleos, no en los ya existentes). Por otra parte, un subsidio a los ya contratados arriesga generar una ineficiencia adicional, toda vez que el Estado encarecería aún más la separación de trabajadores poco productivos, quitando dinamismo al mercado laboral y golpeando particularmente a los jóvenes. Un subsidio transitorio solo para los nuevos contratos no tendría dicha dificultad. Adicionalmente, un subsidio al stock de trabajadores definido sobre la base del salario mínimo podría afectar la negociación de este último.

Así, el Congreso debe analizar con detención este punto. Por de pronto, de ser eliminado, los déficits generados por la reforma durante esta administración —estimados en $5.268.086— se reducirían en más de un 90%.