Hasta junio tiene plazo el Gobierno para emitir el decreto que establecerá las bases de su política fiscal, de acuerdo con lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tradicionalmente, este decreto definía las metas estructurales en el manejo de las finanza públicas; en la administración Boric se agregó, además, un límite prudencial de deuda, el que se fijó en un nivel muy superior al que existía al momento de asumir ese Gobierno. Aun así, el deterioro en el cumplimiento de las metas ha sido evidente durante el último tiempo; más específicamente, desde la segunda administración de la presidenta Bachelet. De hecho, el gobierno del presidente Boric incumplió sus objetivos estructurales por tres años consecutivos (y cuatro, si incorporamos la situación de 2026). De este modo, en la práctica, el decreto fiscal que los gobiernos deben emitir ha pasado en los últimos años a ser verdadera letra muerta.

Así, para retomar la senda de fortaleza fiscal que caracterizó en algún momento a Chile, el actual Gobierno deberá reducir los déficits y estabilizar la deuda en niveles similares a los actuales. Pero ello no es todo: una de las principales contribuciones que puede hacer esta administración es revitalizar la institucionalidad que rige la política fiscal, para lo cual el establecimiento de objetivos exigentes pero realistas es fundamental. En otras palabras, el cumplimiento de los objetivos alcanza hoy una importancia mayor, ya no solo por lo que representan en sí, sino también para reforzar el mecanismo disciplinador que la ley buscó introducir.

El Gobierno ha sugerido que comprometerá un ajuste a un balance estructural a fines de su administración. Desafortunadamente, la situación que le tocó heredar de la administración Boric es peor a la esperada, por lo que este compromiso ha pasado a ser aún más exigente. En efecto, el déficit estructural para este año sobrepasará fácilmente el 3% y, aun considerando recortes fiscales por cuatro mil millones de dólares al año y un eventual incremento del precio de largo plazo del cobre, la eliminación de los balances negativos se nota lejana, más aun si se toma en cuenta la necesaria rebaja de impuestos que incluye el proyecto de Reconstrucción. Para lograr el equilibrio, tendría que darse un aumento significativo en el crecimiento potencial del país, lo que difícilmente se verá reflejado en un plazo razonable en las proyecciones de los expertos, incluso si efectivamente logran implementarse las políticas adecuadas. La alternativa es impulsar un ajuste de gasto fiscal aún mayor, cercano a un punto adicional, y así cerrar la brecha existente, en línea con las promesas de la campaña.

El equipo económico del Presidente Kast enfrenta, pues, el desafío de equilibrar dos objetivos que no son fácilmente compatibles. Por una parte, impulsar una política fiscal exigente para reencauzar el balance fiscal a una senda sostenible y, por otra, comprometerse con metas que sean creíbles, de manera de reafirmar una hoy debilitada institucionalidad.