El proyecto de Reconstrucción finalmente no incluyó la idea de permitir el acceso a la gratuidad solo a los menores de 30 años. Es una decisión correcta. La evidencia sugiere que hay una proporción importante de personas mayores de esa edad que no tuvo la oportunidad de cursar estos estudios antes y no parece razonable restringirles acceder a los beneficios disponibles. Por cierto, la propuesta inicial planteaba aplicar la restricción solo a quienes cursaran estudios universitarios. Sin embargo, de las casi 76 mil personas mayores de 30 que hoy están en esa situación, apenas un 12 por ciento accede a gratuidad. El ahorro, entonces, era modesto.

En cambio, la postergación de la vigencia de la gratuidad para los deciles 7 a 10 y la moratoria de dos años en el acceso de otras instituciones al sistema —medidas sí incluidas en el proyecto— generan un ahorro potencial mucho mayor. No parecen estar presentándose en estos momentos —el plazo vence el 30 de abril— nuevas solicitudes de ingreso a la gratuidad, pero si así ocurriese y la institución que postula satisface los requisitos exigidos en la ley, hoy no podría negársele esa posibilidad.

La gratuidad está cumpliendo una década desde su aplicación. El costo de esta política ha sido sumamente elevado: este año se han presupuestado más de 2 mil 850 millones de dólares. Pero esta enorme inversión no ha generado mejorías en el acceso o en el funcionamiento del sistema de educación superior. Es más, ha imposibilitado que el Estado destine recursos a promover otras valiosas políticas. Por supuesto, hay hogares que se han beneficiado de no tener que desembolsar recursos para los estudios de sus hijos. Pero el mismo propósito se habría logrado con otros mecanismos de financiamiento que, además, habrían permitido una retribución posterior de los egresados en función de sus ingresos. Este camino sigue siendo una alternativa muy superior y parece un acto de responsabilidad política evaluar —indudablemente, no en este proyecto, cuyo sentido es otro— la conveniencia de mantener la gratuidad en el futuro.

Por cierto, una fuente adicional de ahorro que no requiere ley es revisar las exigencias de acceso a las universidades. Antes de la introducción de la PAES, se exigían 450 puntos promedio en las pruebas obligatorias para poder postular. Eso era equivalente al percentil 34 de la distribución de ese promedio. Ahora, sin que se haya discutido, se exigen 458 puntos, pero ello es equivalente al percentil 10. Es bueno recordar que estas pruebas se construyen para predecir desempeño académico en las universidades y cabe suponer que un mal resultado en estos instrumentos anticipa menores posibilidades de superar lo que puedan ser exigencias razonables en el curso de una carrera. Por supuesto, esto no significa quedar fuera del acceso a la educación superior, porque hay otras alternativas en la educación superior técnica profesional. Pero las diferencias en los aranceles regulados promedio entre ambos tipos de instituciones superan los 2 millones de pesos. Los ahorros, por tanto, serían relevantes. Esta exigencia no está regulada por ley y es resorte del Comité Técnico de Acceso. Es una alternativa que debe evaluarse cuidadosamente.