Mientras la Tesorería General de la República desarrolla un encomiable esfuerzo para conseguir que los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) efectivamente paguen su deuda, investigaciones periodísticas han revelado una serie de casos de altos funcionarios públicos que acumulan cuantiosas moras con otro de los mecanismos de financiamiento de estudios superiores, el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Este opera solo para alumnos de universidades del Consejo de Rectores y su cobro se hace efectivo a los dos años de salir de la universidad. La deuda se expresa en UTM, con un interés de 2% anual; los cobros no pueden exceder el 5% de los ingresos del deudor y, al cabo de 12 años —si se ha cumplido con los pagos—, el saldo es condonado. Se trata, como se ve, de condiciones más bien blandas en comparación con cualquier crédito, pero aun así funcionarios del Estado situados en los tramos más altos de remuneraciones registran significativas moras, según la nómina que cada año publica el CRUCh.

Al respecto, una revisión efectuada por El Polígrafo, de “El Mercurio”, hace algunas semanas, identificó a 8 diputados con deudas vencidas de hasta $38 millones, y a seis autoridades —entre delegados y seremis— en situación similar. Consultados, algunos de ellos informaron estar realizando las gestiones para ponerse al día; otros prefirieron no hablar. Luego, un reportaje de Mega agregó nuevos antecedentes. Entre otros, que el número de funcionarios del Estado con sueldos superiores a $5 millones en situación de mora llega a los mil y que 33 de ellos registran ingresos por sobre los $10 millones. Por cierto, el caso que acaparó la atención fue el del Fiscal Nacional, quien poco antes de la publicación del reportaje regularizó su situación. Pero la nota reveló que los deudores morosos se extienden por más áreas de la administración pública, incluida hasta la Contraloría.

La situación es a todas luces bochornosa. Resulta inentendible que personas cuyos sueldos se ubican en los tramos más altos de la escala de remuneraciones se desentiendan de cumplir con sus obligaciones. Más aún, si precisamente el crédito que adeudan fue lo que les permitió financiar sus estudios universitarios y desarrollar las carreras que los llevaron a sus actuales posiciones. Retribuir aquello —y dar así oportunidades para que otros jóvenes puedan seguir caminos similares— tiene un sentido no solo económico, sino de deber cívico, lo que debiera ser especialmente evidente para quienes se desempeñan en el Estado. Pero, además, cuando se trata de funcionarios cuya tarea es garantizar la legalidad y la plena vigencia del Estado de Derecho, el incumplimiento de sus obligaciones compromete de modo inevitable la credibilidad institucional.

Por todas estas consideraciones, es importante el conocimiento público de estos casos, los cuales además muestran que la morosidad no necesariamente va ligada a una efectiva imposibilidad de pago o a la precariedad económica. No cabe negar que en algunos casos la razón sea efectivamente esa, pero debe advertirse también el efecto de una suerte de cultura de no pago que parece haberse instalado por años en estas materias. En este sentido, las cifras del CAE —en el cual, a diferencia del FSCU, los nombres de los deudores no son públicos— son ciertamente alarmantes: si se suman todos los beneficiados, el porcentaje que dejó de pagar o tiene una garantía ejecutada se acerca al 60%, números que han venido creciendo de forma importante en la última década, con la consiguiente presión fiscal.

Es difícil no estalecer alguna vinculación entre ello y la promesa de campaña que hizo el gobierno anterior en orden a condonar estas deudas, lo que desincentivó su pago y hasta le dio un aura de legitimidad a ello. Esto resulta aún más grave considerando que sobre el 70% de los egresados paga una cuota promedio que no supera los $40 mil mensuales. Todo lo cual sugiere que, para muchos, el problema no es la incapacidad de pagar, sino la decisión de no hacerlo, lo que representa un verdadero retroceso social y cultural.