Señor Director:

El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social contiene una disposición ajena a sus ideas matrices, consistente en una excepción al derecho de autor que permitiría usar obras protegidas —incluidos los contenidos periodísticos— sin autorización ni remuneración, bajo la figura de la “minería de textos y datos”. Una redacción equivalente, presentada por el gobierno anterior, ya había sido descartada por los mismos efectos negativos que tiene la actual para quienes trabajamos en la creación de contenido informativo y de opinión.

El problema está más extendido de lo que parece. Las empresas de recortes de prensa (clipping) comercializan diariamente contenido periodístico a clientes del sector público y privado que, en muchos casos, desconocen que están licitando y pagando por servicios que no cuentan con las licencias de derechos de autor correspondientes. Lo mismo ocurre con los sistemas de inteligencia artificial, donde se estima que cerca de un tercio del contenido que los alimenta proviene del trabajo de periodistas, sin mediar compensación alguna. Quienes los utilizan, muchas veces sin saberlo, financian una depredación que compromete la viabilidad del periodismo profesional y, con ello, una defensa esencial frente a la desinformación.

Junto con no legislar debilitando el derecho de autor, como lo hemos planteado respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, creemos que el Estado puede partir dando el ejemplo y exigir a las empresas de clipping con las que contrata que acrediten las licencias respectivas, tal como debe hacerlo también el mundo privado. Y la tendencia internacional avanza hacia exigir ese mismo estándar a las plataformas de inteligencia artificial. Como ANP, desplegamos todos los esfuerzos para que Chile haga respetar los derechos de quienes producen la información que sustenta la vida democrática.

Presidente Asociación Nacional de la Prensa