La declaración hecha por la radicalizada Comunidad Autónoma de Temucuicui respecto de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, frente a la agresión que esta sufriera en la Universidad Austral, sumada a los pronunciamientos efectuados por las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil del Frente Amplio sobre el mismo hecho, revelan la distorsionada visión que esos grupos albergan, tanto respecto de la convivencia social, como de la forma de encarar las discrepancias en una sociedad democrática y libre.

En su manifiesto, la Comunidad Autónoma de Temucuicui no le reconoce su identidad mapuche a la ministra, entre otras razones, porque no es reconocida como tal por las comunidades que ellos consideran aceptables; porque no participa de la vida comunitaria mapuche; porque desarrolló parte importante de su vida en EE.UU. y como tal, representa una visión “occidentalizada” o de “éxito capitalista” que ellos no comparten, y porque es ministra del gobierno de Kast, quien es contrario a las demandas que Temucuicui ha levantado. Sin perjuicio de esa visión, particularmente restrictiva —y, en rigor, autoritaria— respecto de quién pertenecería o no al mundo mapuche, también afirman que, “en Chile hay aproximadamente 1,7 millones de mapuches, según los datos oficiales del Censo 2017”, y que, “según estudios de la Universidad de Chile, la mayoría de los chilenos posee entre un 40% y 60% de ancestro indígena”. Es decir, junto con negarle la identidad mapuche a la ministra por las insólitas razones planteadas, pretenden, simultáneamente, representar a millones de chilenos que tendrían alguna traza de esa etnia, pero que tampoco participan de esa vida comunitaria, ni tienen “Tuwün” (comunidad específica) ni “Kümaime” (historia de linaje conocida).

Por su parte, las Juventudes Comunistas y el Frente Estudiantil del Frente Amplio consideran que la agresión sufrida por Lincolao ha sido utilizada por el Gobierno como una “cortina de humo” para ocultar una “agenda autoritaria”, representada por el proyecto Escuelas Protegidas, que “busca criminalizar al movimiento estudiantil” restringiendo “beneficios sociales, como la gratuidad y otros”. De este modo, así como para estos grupos la agresión a la ministra constituye un “hecho aislado” —apenas un “error político”, según lo consideró el timonel comunista, Lautaro Carmona—, quitarle la gratuidad a quienes utilizan bombas molotov para atacar a funcionarios de escuelas o incendiar recintos —como propone el proyecto referido— es, en cambio, criminalizar al movimiento estudiantil. Pero ¿de qué otra manera se pueden calificar actos violentos de ese calibre?

El contraste entre los planteamientos de grupos como estos y la vida de sacrificios, esfuerzos y logros de la ministra Lincolao, es sencillamente abismal. En lugar de exigir recursos del Estado o pretender tratamientos especiales, Ximena Lincolao partió con US$ 500 a Estados Unidos y, sin saber el idioma, se desempeñó en todo tipo de trabajos precarios, para luego continuar sus estudios y obtener un doctorado, trabajar a continuación en el servicio público, con una brillante labor en la municipalidad de la capital federal, que le valió los elogios del propio alcalde, y posteriormente, desplegar su ímpetu emprendedor en proyectos tecnológicos altamente exitosos. Pero en vez de servir de ejemplo el que una persona de origen mapuche, que no reniega de ese origen y lo lleva con orgullo, pueda alcanzar altos sitiales en el mundo moderno, para grupos como la Comunidad Autónoma de Temucuicui la vida de la ministra Lincolao solo genera desprecio y odiosidad, que los lleva a calificarla como “yanacona” o traidora a su etnia. Y esto, mientras ciertos grupos políticos se muestran incapaces de condenar sin matices la agresión de que ella fue objeto.

Es de esperar que ese contraste interpele a las nuevas generaciones de chilenos, cualquiera sea su etnia, y estas decidan canalizar sus energías en direcciones más constructivas que la sola queja, la exigencia de obtener beneficios del resto o la protesta violenta.