Por amplia mayoría, la Cámara aprobó y despachó ayer al Senado el proyecto “Escuelas protegidas”. La iniciativa busca fortalecer la autoridad docente e incluye medidas como la posibilidad de revisión de mochilas o la sanción —por afectar gravemente la convivencia escolar— de aquellos actos que interrumpan parcial o completamente la normal realización de clases. Todas estas propuestas —y otras más polémicas, como la pérdida del acceso a gratuidad para quienes cometan ciertos delitos— gozan de extendido apoyo ciudadano, según muestran las encuestas. Por lo mismo, no sorprendió su aprobación, pero, aun así, las discusiones que se han dado en torno al proyecto ameritan atención.

Desde luego, quienes hayan observado la sesión de ayer en la sala habrán constatado nuevas muestras del deterioro de nuestro debate público. El ejemplo más extremo corrió esta vez por cuenta de una diputada frenteamplista que, en extraña asociación, vinculó a Augusto Pinochet y a sus seguidores con el fenómeno de la violencia escolar, para luego afirmar —como supuesta prueba de sus dichos— que el joven atacante que mató a una inspectora en Calama publicaba en sus redes sociales imágenes de Pinochet y del ex candidato presidencial Johannes Kaiser, los que tendrían en común haber promovido “anular al que piense distinto”. Por cierto, la parlamentaria no dejó de lamentar amargamente que haya quienes hacen de la política “una trinchera en la cual es legítimo tratar de lo peor a su adversario”.

Más de fondo fue el cuestionamiento que diputados del Frente Amplio y el PC hicieron antes, en la comisión de Educación, frente a la idea de sancionar los actos de interrupción de clases. La diputada Schneider (FA), por ejemplo, argumentó que “si hay una paralización votada de forma democrática, no me hace sentido que sea considerado como una falta grave”. “Estamos hablando de una restricción del derecho”, reclamó en tanto su colega Daniela Serrano (PC).

Lo preocupante de tales planteamientos es que muestran cómo una parte del mundo político sigue defendiendo la posibilidad de que un grupo de escolares pueda impedir que el resto ejerza su derecho a asistir a clases y que bastaría una votación para hacerlo legítimo. Sorprende, en efecto, que quienes suelen levantar discursos sobre el respeto irrestricto de los derechos de las personas, relativicen con tanta facilidad el derecho a la educación si hay de por medio protestas estudiantiles. ¿O acaso considerarían también “legítimo” esas parlamentarias que también bastara la votación de un grupo para conculcarle al resto el ejercicio de otros derechos? ¿No sería, ese sí, un “retroceso civilizatorio”?

Pero incluso sin entrar a esa discusión conceptual, harían bien las congresistas en recordar la experiencia de la exministra Carolina Tohá cuando, como alcaldesa de Santiago, anunció que no se desalojarían tomas en los casos en que hubiera “votaciones válidas y con quorum adecuado”. La señal solo trajo como resultado más tomas y más violencia. Trece años después de aquello, y cuando la acumulación de esas acciones ha causado un daño demoledor a la educación pública, es desconcertante que aún haya quienes estimen que pueda ser legítimo vulnerar un derecho esencial de niños y jóvenes.