Para un análisis razonado de la propuesta del Gobierno en materia tributaria, es necesario plantear la discusión distinguiendo sus diferentes aristas y evitando mezclar conceptos. Existe abundante evidencia de que tasas de impuestos más altas afectan negativamente la acumulación de capital (inversión). Este resultado no solo se deduce de la teoría económica, sino de numerosa evidencia internacional que encuentra una relación negativa entre la tasa de impuesto corporativo e inversión de las empresas. Como muestran trabajos de la OCDE, esta relación no es constante en el tiempo, y varía por tipo de empresa y estructura tributaria.

En Chile, la Comisión Marfán —convocada en 2023 por la administración Boric— concluyó que el aumento en la tasa del impuesto corporativo aplicado en las últimas décadas había tenido un impacto importante sobre la economía. De acuerdo con sus resultados, una reducción de un punto en la tasa del impuesto de primera categoría elevaría el nivel del PIB en 0,65 puntos porcentuales, distribuido a lo largo de 10 años.

Pero la relación entre impuestos e inversión ha sido explícitamente reconocida no solo a nivel técnico, sino también político. De hecho, el exministro de Hacienda Mario Marcel planteó, como parte de su propuesta de Pacto Fiscal, una rebaja del impuesto de primera categoría de 27% a 25%, e incluso, a un 24%. Y el mismo presidente Boric manifestó en ese debate que estaba de acuerdo “con generar incentivos a la inversión, donde es posible bajar el impuesto de primera categoría”. Así, queda en evidencia cómo en los últimos años, y frente a un panorama de estancamiento económico, el sistema político, transversalmente, ha manifestado de una u otra manera su apoyo a una reducción en la tasa de impuestos corporativos, buscando dinamizar la alicaída inversión y, con ello, el empleo. Esto, por más que hoy la oposición se llame a escándalo cuando es la actual administración la que plantea el tema.

Distinta es la discusión sobre los impactos fiscales de tales rebajas. Al respecto, la evidencia muestra que difícilmente una rebaja en la tasa de impuestos generará, en un horizonte razonable, un nivel de actividad tanto mayor que termine significando un aumento en el total de la recaudación. Pero esta es una discusión diferente, y el Gobierno debe enfrentarla directamente. En este sentido, un mecanismo para compensar la menor recaudación es subir otros impuestos, pero existe también otro mecanismo compensatorio, cual es reducir los gastos, como lo está haciendo esta administración. En cualquier caso —y esta es una realidad que suele omitirse en el debate—, los últimos años muestran que los aumentos de impuestos no han reducido los déficits fiscales, toda vez que los aumentos de gastos han sido aún mayores.

Por último, aparece en este debate la discusión sobre redistribución del ingreso. Corresponde aquí hacer algunos alcances. Y el primero es que, justamente, un debate tributario basado fundamentalmente en consideraciones redistributivas es lo que explica el problema en que estamos: tasas de impuestos muy altas, que no necesariamente han disminuido los retornos a la inversión, sino principalmente su nivel. Por ello, centrar el debate en este asunto desconoce el efecto sobre la acumulación de capital producido por un cargo excesivo hacia las rentas de este. Para generar efectos redistributivos relevantes, la focalización de los programas de gasto es una alternativa superior, capaz de efectivamente compatibilizar los objetivos buscados.