Gran revuelo ha causado el anuncio gubernamental respecto de la paralización de las obras de ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en consonancia con los recortes presupuestarios y las nuevas priorizaciones que la administración Kast ha determinado para cada ministerio.

El historial de la ampliación del GAM ha sido engorroso desde sus inicios. El proyecto contempla la incorporación de 16 mil metros cuadrados, completando un total de 38 mil m{+2}, mediante la construcción de un nuevo edificio de seis plantas y cuatro subterráneos. Se incluye una sala para dos mil 500 espectadores, con un escenario móvil de avanzada tecnología e instalaciones para bodegas, talleres y otros servicios, a un costo final de 114 mil millones de pesos.

La obra tenía un avance del 48 por ciento cuando se paralizó, en mayo de 2018, tras la quiebra de la empresa constructora; antes, una inundación (2016) ya había ralentizado las faenas. Luego, la violencia de la revuelta de 2019 (el GAM se ubica a pasos de la plaza Baquedano) y la pandemia fueron postergando su reanudación. Recién en junio de 2024, el expresidente Boric, en su Cuenta Pública, anunció la intención gubernamental de retomar el proyecto de ampliación, pero no fue sino hasta enero de este año que se adjudicó la obra, y solo el 2 de marzo pasado, a días del cambio de mando, se dieron por reiniciados los trabajos, aunque sin un financiamiento preciso, según acusan las actuales autoridades. Así, en palabras del ministro Undurraga, el gobierno anterior dejó “amarrado un contrato” de un costo elevado, pero habiendo aprovisionado solo la mitad de los recursos que debían desembolsarse este año.

La paralización de la obra ha causado controversia, pues se trata de un centro muy relevante para la actividad cultural, y su ubicación lo convierte en un edificio emblemático para un barrio severamente deteriorado tras los hechos de violencia del 2019. No contribuye a la recuperación del centro de Santiago tener un edificio inconcluso en el corazón del llamado “corredor cultural”, zona que, por la multiplicidad de recintos patrimoniales, museos, salas de música, centros de extensión y de actividades artísticas, puede convertirse en un foco de atracción para turistas y visitantes, si ello se acompaña de esfuerzos por mayor seguridad y despoblamiento del comercio ilegal.

La noticia ha levantado voces de protesta, pero, en rigor, la compleja situación fiscal y el recorte de gastos que producto de ello ha debido impulsar el Gobierno la hacían ya anticipable. En este escenario, entendiendo la restricción de recursos que enfrenta el Estado, parece aconsejable buscar nuevas vías de financiamiento en una conjunción público-privada, que permita terminar un recinto que ocupa un espacio emblemático en la ciudad. La incómoda herencia dejada por la administración anterior, al haber adjudicado a última hora un proyecto que involucraba recursos cuantiosos, obliga a buscar nuevas opciones, emulando experiencias exitosas, tanto nacionales como internacionales.

Son muchos los actores que han reaccionado a la decisión. Son también muchos los que podrían contribuir a buscar los medios necesarios para completar este proyecto ambicioso, llamado a constituir un aporte significativo, tanto para el mundo cultural como para el sector céntrico de la capital, golpeado por la vandalización, el comercio ambulante y la inseguridad. La recuperación y valorización de los espacios públicos es, en definitiva, una contribución al mejoramiento de la calidad de vida urbana.