Bastante agua ha pasado bajo el puente entre Caracas y Washington desde enero. Rodríguez ya no condena al “imperialismo norteamericano” ni habla de “soberanía petrolera”, pero el chavismo sigue en el poder y la democracia no tiene plazo de llegada. Desde el primer día, Trump dejó en claro que su interés prioritario era el crudo venezolano. Así, el bloqueo inicial se reemplazó por exportaciones diarias hacia EE.UU. y, más tarde, después de promulgarse (insólitamente, por unanimidad, en un Legislativo controlado por los chavistas) una nueva ley de hidrocarburos que derogó la expropiatoria de Hugo Chávez, llegaron los acuerdos para permitir la inversión extranjera en el sector. La mandataria parece haberse sometido a los dictados de la Casa Blanca, aun cuando mantiene el entorno chavista casi sin cambios. Diosdado Cabello sigue al mando de los servicios de seguridad y Vladimir Padrino, si bien dejó la jefatura de las FF.AA., asumió otro cargo ministerial, sin que las millonarias recompensas que pesan sobre sus cabezas sean impedimento. Tras sus fracasados intentos de cambiar regímenes de países en el pasado, Washington prefiere ahora trabajar por una transición ordenada para dejar bien resguardados sus intereses económicos. 

Todas las ínfulas socialistas de Delcy Rodríguez y los demás herederos de Chávez parecen olvidadas, así como el desprecio por el viejo orden internacional que el chavismo quería cambiar, aliado con Rusia, China e Irán. Esta semana, ella no solo recibió con alegría la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) de reintegrar a Venezuela al sistema financiero global, sino que agradeció emocionada a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, la normalización de esa relación, que había sido rota en 2019. El reconocimiento del FMI y del BM permitirá que se inicie un proceso para que Venezuela acceda a créditos vitales para su recuperación. El primer paso es recopilar datos fiables —hasta ahora, las instituciones venezolanas no proveían cifras verificables—, para luego elaborar programas de asistencia que consigan una estabilidad macroeconómica y financiera, lo que Kristalina Georgieva —la directora del FMI— consideró “un duro camino que recorrer… para que el pueblo venezolano tenga mejores días”.

Mientras, ya las empresas norteamericanas han comenzado a hacer buenos negocios. Chevron, la única que estaba operando en Venezuela al momento de la captura de Maduro, amplió un acuerdo la semana pasada para expandir operaciones petroleras, lo que le permitirá aumentar la producción y también la participación accionaria —de un 35% a un 49%— en la empresa conjunta que forma con la estatal PDVSA. Otros acuerdos por firmar con petroleras extranjeras como Exxon, Shell, Conoco y Repsol verán luego la luz, lo que pondrá a Venezuela, país con las mayores reservas del planeta, en un curso de crecimiento que el socialismo del siglo XXI no pudo lograr. La estimación de PIB del FMI para este año es de cuatro por ciento, mientras la inflación será de 387%.

En paralelo, para que los cambios sean posibles, el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones a cuatro bancos venezolanos, incluido el Banco Central, para permitir operaciones antes prohibidas, como negociar contratos comerciales con el gobierno chavista y realizar transacciones financieras que tendrán efectos en las transferencias de remesas desde el exterior. Pero Delcy Rodríguez no está conforme y ha exigido a Trump que levante todas las sanciones vigentes porque estas licencias, a su juicio, “no proporcionan la seguridad jurídica que los inversionistas necesitan en el largo tiempo, porque son temporales”. Es paradójico que uno de los personajes que fueron más leales a Maduro, emblema de un régimen que expropió empresas y tierras, ahora abogue por la seguridad jurídica para las transnacionales.

¿Camino a la transición democrática?

“El país está unido y clama por su derecho a elegir libremente”, fue el pedido que hizo hace unos días la principal líder de la oposición, María Corina Machado, marginada por Washington de esta etapa del proceso. Pero mientras la oposición presiona por democracia, ni Trump ni Rodríguez parecen tener apuro. En enero, Marco Rubio delineó una estrategia de tres fases. La primera, de “estabilización”, en que lo central era proveer de crudo a EE.UU. y controlar cómo se distribuyen esos ingresos “para beneficio del pueblo”; una segunda fase de “recuperación” y reintegración al mercado global, con garantías para las empresas extranjeras, y la última fase, sin plazo, de “transición democrática”. Rubio ha reiterado este plan, pero sin presentar calendario ni condiciones precisas.

Esta postura es muy decepcionante para la oposición democrática que luchó valientemente contra la dictadura, pero tiene un componente de realismo que no puede obviarse: toda la estructura institucional en Venezuela estaba capturada por el chavismo y no es fácil removerla de una plumada. Con todo, Estados Unidos debiera enviar una señal de que no solo le preocupa el petróleo, de que sí está comprometido con la transición y de que apoyará a la oposición en los esfuerzos por reemplazar a un régimen que destruyó la democracia y la economía, y que impulsó a siete millones de personas a emigrar. En eso se jugará finalmente la legitimidad de su controvertida intervención.