Se empieza a advertir un importante giro discursivo en el mundo universitario. Luego de años de posiciones ambiguas, en que, bajo el argumento de respetar el derecho de los estudiantes a manifestarse, se toleraron tomas y otras acciones que impiden el normal desarrollo de la actividad académica, hoy distintas autoridades de planteles expresan con claridad su rechazo a tales conductas. El fenómeno es valioso, pero invita a una reflexión. 

En efecto, durante las últimas décadas tendió a prevalecer la laxitud en estas materias. Bajo el argumento de privilegiar el diálogo y comprender las motivaciones de los manifestantes, se permitió que en distintos campus las tomas se convirtieran en habituales, sin importar el consiguiente atropello a los derechos del resto de la comunidad universitaria. Más aún, en ciertos casos, miembros del propio cuerpo académico apoyaron estas acciones. Tal dinámica dio lugar a una suerte de validación de facto, en que a la larga cualquier causa terminó sirviendo de excusa tanto para tomas como para funas y actos de cancelación.

Por una serie de factores, sin embargo, tal estado de cosas parece haber agotado a una gran mayoría ciudadana. Del mismo modo en que hoy el país mira con distancia los días del estallido, también los movimientos estudiantiles generan escepticismo, al tiempo que se advierten los costos que sus excesos han significado. Signo de ello —y una saludable señal— es que, por ejemplo, la mayoría de los candidatos a rector de la Universidad de Chile hoy señalen condenar aquellas manifestaciones que impidan la actividad universitaria. El giro no es total: a la hora de evaluar hechos como el “acampe” pro-Palestina en su casa central empiezan las relativizaciones por parte de algunos; con todo, hay un evidente cambio de actitud. En este sentido, el episodio vivido por la ministra Lincolao en la Universidad Austral marcó otro hito, pues no solo ha motivado un rechazo transversal, sino que ha sido un mensaje a las autoridades académicas, en cuanto a que las actitudes ambiguas ya no son aceptables.

Pero precisamente porque el viraje se produce en el contexto de una sociedad que también ha cambiado su forma de mirar estos hechos, es que surge una pregunta molesta: ¿Es esta evolución en el mundo universitario el fruto de una reflexión genuina o solo un acomodo al clima de opinión predominante, el que bien puede variar en el futuro? Las universidades, por su naturaleza, están llamadas a ser espacios de pensamiento crítico, pero también de coherencia institucional, donde la defensa de principios y el rechazo a la violencia deberían constituir una línea constante. Por ello, si algo cabe demandar de las autoridades académicas es que tengan la capacidad de sostener las convicciones que hoy expresan incluso —y sobre todo— cuando resulte incómodo o riesgoso hacerlo.