Señor Director:

La reciente revelación de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, mantuvo durante años una deuda universitaria impaga de más de $15 millones —pese a percibir una alta renta mensual— merece una reflexión.

Hablamos de la máxima autoridad del ente persecutor del delito en Chile, nominado por los tres poderes del Estado, que conduce una institución autónoma con más de 5.000 funcionarios. Su misión institucional es, precisamente, que las personas cumplan la ley.

Llama la atención la deuda, pero aún más el momento del pago que, todo indica, ocurre horas antes de que se hiciera pública su situación morosa. La motivación principal no fue el cumplimiento de una obligación legal ni moral, sino evitar la exposición pública. Eso es cualitativamente distinto a una rectificación genuina.

Se causa daño no solo a la imagen de una persona, sino a la legitimidad de la institución que lidera.

Las normas deben cumplirse por convicción, no por temor a la vitrina.

Patricia Salas Sáez
Jueza jubilada