Hace algunas semanas escribí en este mismo espacio sobre las consecuencias que el ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama tendría en la trayectoria de los alumnos sobrevivientes y la comunidad escolar. Argumenté que el daño no es inevitable, pero depende de lo que se haga después.

Desde entonces, el debate público ha avanzado en otra dirección. El Ministerio de Educación impulsa el proyecto “Escuelas Protegidas”, que amplía las facultades disciplinarias de los colegios e inhabilita para la gratuidad universitaria a quienes sean condenados por delitos en contexto escolar. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Pública busca endurecer las sanciones penales por esos mismos delitos. La lógica es disuasiva: como ha dicho la propia ministra de Educación, se trata de “ponerle costos” a la violencia escolar para que los estudiantes “lo piensen dos veces”.

La preocupación es legítima, pero conviene detenerse en lo que sabemos sobre los efectos de medidas como la suspensión y la expulsión.

Evidencia de Texas (Fabelo et al., 2011), basada en registros de cerca de un millón de estudiantes, muestra que quienes son suspendidos tienen casi tres veces más probabilidad de tener contacto con la justicia juvenil el año siguiente, y mayor probabilidad de repetir curso o desertar.

Trabajos más recientes establecen una relación causal. Bacher-Hicks, Billings y Deming (2024), en un artículo titulado elocuentemente “The School-to-Prison Pipeline” (“El camino de la escuela a la prisión”), muestran que los estudiantes asignados a escuelas con políticas disciplinarias más estrictas tienen un 17% más de probabilidad de ser arrestados entre los 16 y 21 años, un 20% más de probabilidad de ser encarcelados, y un 15% más de posibilidad de desertar. Los efectos se concentran en hombres y minorías étnicas. Los mecanismos propuestos son varios: las sanciones exponen tempranamente a los estudiantes al sistema penal, los etiquetan como “problemáticos” y facilitan la asociación con pares en situación de riesgo.

La pregunta natural es si estos costos no se compensarían con un efecto disuasivo. Algo de esto ocurre: Sorensen, Bushway y Gifford (2022) muestran que directores más estrictos reducen el reporte de faltas menores. Pero el efecto es modesto. Y vale la pena explicitar el supuesto: medidas como quitar la gratuidad universitaria funcionan solo si los estudiantes que hoy cometen estos delitos son sensibles a ese incentivo, es decir, si un alumno que porta un arma está calculando sus posibilidades de acceder a la universidad en cuatro años más. Es un supuesto fuerte, particularmente para el tipo de estudiante que protagoniza estos episodios.

Los costos, en cambio, sí compensarían si la disciplina estricta mejorara el clima del aula para los demás, pero la evidencia no es clara: Bacher-Hicks y coautores pueden descartar efectos positivos sobre el rendimiento académico superiores a 0,04 desviaciones estándar. No es casualidad que en la última década distritos como Nueva York y Chicago hayan abandonado las políticas de “cero tolerancia” en favor de intervenciones restaurativas no punitivas.

¿Qué pasa en Chile? La suspensión es una práctica extendida: según Simce 2024, un 16% de los alumnos de II medio declara haber sido suspendido al menos una vez ese año, cifra que sube al 21% entre los hombres. No contamos con estudios locales que midan sus efectos, pero la evidencia internacional citada sugiere motivos para preocuparse.

Sobre la expulsión, una sanción aún más gravosa, sí observamos un patrón preocupante: analizando datos administrativos de más de 5.000 alumnos expulsados entre 2016 y 2024, encontramos que un año después el 9% ya no aparece matriculado en ningún establecimiento del país; dos años después, la cifra sube al 12%. Uno de cada ocho termina fuera del sistema escolar. No podemos vincular esto con resultados delictuales posteriores, pero si la suspensión ya eleva el riesgo de deserción y delito adulto, la expulsión plausiblemente agrava esos riesgos.

Nada de esto implica que la violencia grave no deba tener consecuencias. Un estudiante que agrede con un arma debe enfrentar un proceso serio, y docentes y alumnos tienen derecho a trabajar y estudiar en un entorno seguro. El punto es que si la única herramienta que expandimos es la sanción expulsiva, corremos el riesgo de trasladar el problema de la escuela a la calle, y de la sala al sistema penal. La pregunta relevante no es si sancionar, sino cómo hacerlo sin empeorar lo que queremos resolver.

Josefa Aguirre
Académica Facultad de Economía y Administración UC