Mucho se ha hablado del desafío que representa para el Gobierno sacar adelante la “megarreforma” económica cuyos contenidos anunció esta semana el Presidente Kast. Efectivamente, será esta una medición de la capacidad del oficialismo para materializar una parte fundamental del programa que comprometió con el país. Pero la discusión de este proyecto también significará una prueba no menos determinante para los partidos de izquierda y centroizquierda. Una en la que de alguna manera se definirá qué tipo de oposición prevalece y bajo qué lógicas. 

Desde ya, no parece un buen signo el apresuramiento con que buena parte de sus dirigentes ha abrazado el expediente fácil de descalificar la propuesta, hablando de una “ley tutifruti” o de “gato por liebre”, que solo buscaría “favorecer a los súper ricos”. En este maniqueísmo han caído también alcaldes del sector (incluidos nombres como Vodanovic, Ripamonti o Delfino), suscriptores de una carta en la que, aun antes de que siquiera se conozca el texto del proyecto, piden al Congreso rechazarlo. Para advertir lo demagógico de la actitud, baste recordar que la medida emblema a la que se ataca —esto es, la reducción del impuesto corporativo— no solo genera amplio consenso técnico, sino que hasta fue planteada en su momento por el exministro Mario Marcel.

Pero el problema de fondo va más allá de esa contradicción. La llamada “megarreforma” busca hacerse cargo y revertir el estado de cuasi estancamiento en que ha caído el país durante la última década y que el gobierno de Gabriel Boric, en lugar de superar, consolidó. En efecto, el Imacec de -0,3% de febrero, su último mes en el poder, fue el corolario de una administración signada por sus débiles cifras de crecimiento (el segundo peor promedio desde el retorno de la democracia) y por un cuestionado manejo fiscal que, junto con incumplir repetidamente sus propias metas, drenó el Fondo de Estabilización Económica y Social, y con ello la capacidad del país para enfrentar emergencias como la actual crisis de los combustibles. Así, al limitarse a levantar eslóganes contra las medidas de Kast, una parte de la oposición solo desnuda su propia incapacidad de ofrecer alguna respuesta distinta a la de simplemente seguir aplicando las recetas que nos han instalado en la mediocridad.

Esto último puede ser explicable, por su rigidez ideológica, en el caso del PC, o también en el del partido del exmandatario, el Frente Amplio. De hecho, este, en un reciente y algo cándido documento de su comité central, se fija como tarea la de “posicionar el legado del gobierno del Presidente Boric como prueba de que existe una alternativa viable”. O sea, se propone no solo defender lo realizado por esa administración, sino instalarlo cual paradigma político. Para quien crea esto último, ejercer una oposición cerrada frente al actual gobierno y negarse a cualquiera de sus reformas emerge como una conclusión casi obvia. Pero ¿tiene sentido para el resto de la oposición aferrarse al “legado” de una administración que condujo a la izquierda a sus dos mayores derrotas políticas de este siglo: el plebiscito de 2022 y la elección presidencial de 2025?

Algunos, como la Democracia Cristiana —con la libertad de no haber sido parte de la coalición de Boric— y ciertos sectores del PPD —que sí fue parte, pero lo pagó caro en la primaria oficialista— parecen haber hecho esa reflexión y buscan construir un nuevo perfil abriéndose al diálogo, sin cerrar anticipadamente puertas. En el PS, en cambio, se libra una fuerte disputa en la que, al menos hasta ahora, la estridencia de algunos de sus congresistas parece imponerse a los intentos de su presidenta por reivindicar una identidad propia. En las próximas semanas, la conducta de todos ellos frente a la reforma será reveladora de la evolución de esa batalla.

Un gabinete que delibera

Es importante la definición que hoy, en entrevista con “El Mercurio”, entrega el ministro Jorge Quiroz, en cuanto a que, siendo la Ley de Reconstrucción muy importante, “el Gobierno no se juega su éxito en este proyecto”. Con ello, marca distancia de la lógica que tan desastroso resultado tuviera para la administración Boric cuando el exministro Giorgio Jackson —el mismo que en estos días hace escarnio de los “errores” de las actuales autoridades— ligó el cumplimiento de su programa a la aprobación de la nueva Constitución. Pero la precisión de Quiroz no obedece solo a una cuestión táctica. El punto central es que, a diferencia del gobierno anterior, el de Kast no pretende con este proyecto refundar el país, sino solo introducir reformas que dinamicen su economía, las que, lejos de embarcar a Chile en utopías inciertas, se nutren de nuestras experiencias más exitosas.

Ese mismo sentido de realidad es el que debiera marcar su estrategia legislativa, de modo de dar viabilidad a las propuestas. En este sentido —y más allá de los persistentes ripios comunicacionales— es valiosa la deliberación política que se ha dado en el Ejecutivo antes de su presentación y que llevó a no incluir la idea de limitar la edad de acceso a la gratuidad o, antes, a acotar los contenidos de la iniciativa. Así, y a diferencia de los primeros días del Gobierno, hoy se ve un mayor equilibrio en el gabinete, donde los ministros políticos han acrecentado notoriamente su capacidad de incidencia.