En el año 2000, la tasa de impuesto corporativo alcanzaba en Chile un 15%. Ahora es de 27%. En el mismo período, el promedio simple de esa tasa para los demás países OCDE bajó de 33% a 24%. El último reporte de esa organización informa que el promedio mundial es 23%, y en Asia-Pacífico, 21%. En estas circunstancias, Chile, alejado de los mercados mundiales, tiene poca capacidad de atraer inversión. Por tanto, bajar dicha tasa, como ha anunciado el Presidente Kast, resulta indispensable. 

Simplista e incorrecta es por lo mismo la crítica de la oposición en cuanto a que la medida beneficiaría solo a “los ricos”. Por un lado, debe distinguirse entre el tratamiento tributario a las compañías y a sus dueños. Pero, además, la rebaja de este impuesto —la literatura al respecto es abundante— incentiva la inversión y, por esa vía, la actividad económica. El acompañamiento de esta medida con un subsidio a la contratación formal de trabajadores, que reduce aún más el impuesto corporativo a las empresas de menor tamaño; la inyección de $400 mil millones al fondo de reconstrucción de zonas afectadas por incendios, y la reducción transitoria del IVA a las viviendas configura una herramienta poderosa para elevar la inversión, el crecimiento y el empleo. Ello producirá una mejoría en las condiciones materiales y el bienestar de los grupos de ingresos medios y bajos que no puede ser sino bienvenida. Para el éxito de su iniciativa, el Gobierno debe tener la capacidad de explicar con claridad todo esto.

Por cierto, hay frente al proyecto preocupaciones atendibles. Se puede comprender, por ejemplo, la motivación de eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años, pero las viviendas generan una demanda por bienes públicos locales que deben ser financiados; más bien correspondería revisar los criterios para definir este tributo. También puede discutirse el costo fiscal que significa la reintegración del 100% del impuesto corporativo con el global complementario, en lugar del 65% actual.

Por otra parte, hay preocupación por el financiamiento del proyecto y su consistencia con la meta de déficit estructural cero a 2030. Si bien dos de las medidas son transitorias (fondo de emergencia y eliminación de IVA para viviendas), la reducción del impuesto corporativo, la reintegración total y el subsidio al empleo comprometen recursos públicos permanentemente. El Gobierno aspira a obtener ingresos vía dos mecanismos transitorios —rebaja del impuesto a las donaciones y un tributo de entre 7% y 10% a la repatriación de capitales, ambos por 12 meses— y otro permanente, el término de la franquicia tributaria del Sence. La recaudación potencial de los dos primeros es incierta y el tercero enfrentará una gran oposición de grupos de interés que hace incierto su destino. En el mediano plazo, el crecimiento económico, sin duda, permitirá una compensación, pero la literatura sugiere escepticismo respecto de su suficiencia. Los recortes de gasto, a su vez, son aún imprecisos. Esta aproximación gubernamental, entonces, estará sometida a un fuerte escrutinio y es importante que el Gobierno prepare los antecedentes que le permitan sustentar su postura. En caso contrario, verá amenazada su reforma central, la que no solo es muy positiva para el país, sino que no puede seguir postergándose.