Críticas transversales desató la ausencia de la ministra de Seguridad Pública en la sesión de la comisión de Hacienda del Senado que debía tratar el proyecto de perfeccionamiento de la carrera funcionaria en Carabineros. Más allá de la relevancia de este episodio, que la dinámica política ha magnificado, el desempeño visible de la cartera no ha estado a la altura de las expectativas. En primer lugar, porque en estas pocas semanas la ministra se ha abierto una serie de flancos completamente evitables. Las circunstancias de la desvinculación de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI Consuelo Peña oscilan entre lo inentendible y una legalidad dudosa. De paso, el episodio ha dañado la autoridad del director general de la PDI, quien tampoco ha podido explicar satisfactoriamente la decisión. 

Por otro lado, a poco de asumir su cargo, la ministra suprimió la unidad estratégica de integración de datos provenientes de los organismos policiales y otras instituciones vinculadas a la seguridad. Es posible que esta decisión haya sido acertada, pero llama la atención que en una materia tan sensible —la aspiración de contar con una base de datos unificada existe desde hace mucho tiempo— no se haya hecho una evaluación más pausada y, sobre todo, que no se haya explicado adecuadamente a la ciudadanía. Esto era necesario, pues la noticia de que se prescindirá de una herramienta de gestión en materia de seguridad es, en principio, una mala noticia. No advertir esto y conformarse con descalificar lo realizado por la administración anterior —no otra cosa es limitarse a afirmar que la unidad era redundante— revela un déficit de sensibilidad que afecta su gestión.

Sobre todo, sin embargo, se ha permitido que cunda en la ciudadanía la sensación de que todo sigue igual. Sería injusto pedirle soluciones inmediatas a una administración que acaba de asumir, sobre todo, atendida la complejidad del problema, pero sí se espera un diagnóstico certero, el planteamiento de políticas y líneas de acción ciertas, la adopción de medidas proactivas y no meramente reactivas ante tal o cual hecho de violencia; en fin, que la autoridad proponga un conjunto de objetivos claros y disponga instrumentos idóneos y medibles para alcanzarlos, articulados en una agenda legislativa y administrativa coherente. Muy poco de esto se ha visto hasta ahora. Y si realmente existen aquel diagnóstico y esta agenda, no se ha hecho lo suficiente para comunicarlos a la ciudadanía y a los organismos de la sociedad civil.

En esta línea, es una buena noticia que se informen públicamente, con periodicidad semanal, las cifras más relevantes en materia de seguridad, siempre que se cumplan las condiciones mínimas de rigor metodológico que luego permitan comparar números y consolidar adecuadamente los reportes. Esta misma instancia podría ser aprovechada para comunicar efectivamente a la ciudadanía qué se está haciendo y cuáles son los principales avances y desafíos del momento. Es decir, para comunicar que el Gobierno realmente se ha hecho cargo de lo que fue su principal promesa electoral.