Señor Director:
El debate sobre la seguridad y convivencia escolar en Chile ha tomado un rumbo inquietante. Más allá de los decretos, enfrentamos una realidad peligrosa: nuestros niños dependen del criterio —a veces inexistente— de quien aplica la norma en la puerta.
Recientemente, en un colegio del sector oriente de Santiago, fui testigo de una escena kafkiana. Una madre deja a su hija en la entrada y se retira. Adentro, la burocracia se interpone: un portero y una encargada impiden el paso a la niña por no portar el certificado físico de una cita médica. Hasta ahí, una rigurosidad cuestionable, pero legal. Lo alarmante vino después. Bajo la bandera de la prohibición del uso de celulares —medida que muchos apoyamos por bienestar cognitivo—, la solución del establecimiento fue expulsar a la menor a la vía pública para que “desde afuera” llamara a su madre.
Resulta negligente que, por cumplir una norma interna, se exponga a una estudiante a riesgos externos.
Vulnerabilidad física: ¿Quién responde si la niña es víctima de un accidente o delito mientras está fuera del recinto por instrucción del colegio?
Abandono de deberes: El colegio rompe el deber de custodia al obligar a una alumna a salir a la calle sin supervisión, asumiendo que el apoderado ya se ha retirado confiado en la seguridad del recinto.
Esta falta de juicio se vuelve más oscura ante la tendencia de permitir la revisión de mochilas. Si el personal carece del criterio básico para resguardar la integridad de una niña, ¿cómo confiarles la privacidad de sus pertenencias?
La seguridad escolar no puede basarse en transformar colegios en cárceles, donde el reglamento anula el sentido común. Si la norma prohíbe el celular, lo lógico es facilitar el teléfono del plantel para contactar al apoderado, no lanzar al menor a la calle.
¿Protegemos a los niños o solo cumplimos protocolos para evitar responsabilidades administrativas? Si el criterio de quienes custodian la puerta es tan rígido como el metal de las rejas, entonces sí: estamos convirtiendo las escuelas en prisiones.
Bretta Palma Astudillo
Profesora de educación diferencial, psicopedagoga