Un discurso en cadena nacional, marcado por prioridades económicas en crecimiento y empleo, fue el medio empleado por el Presidente Kast para lanzar su Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que ingresará a trámite la próxima semana. El plan, que contiene 40 medidas, está inscrito en prioridades concretas y bien identificadas: una reforma tributaria que promueve la inversión; un subsidio de gran tamaño al empleo; un plan de disminución de las trabas burocráticas; nuevas normas para garantizar estabilidad a los inversionistas, y un plan de contención del gasto público y consolidación fiscal. Las metas son ambiciosas: alcanzar hacia el final del período cifras de crecimiento en torno al 4%, junto con una disminución de la tasa de desempleo a 6,5% y el fin del déficit fiscal estructural. 

Tratándose de un proyecto que incorpora un número tan amplio de medidas, siempre cabrá un espacio de discusión respecto del acierto o pertinencia de algunas de ellas, y será tarea del debate legislativo introducir las correcciones necesarias. Con todo, la iniciativa se hace cargo de buena parte de las trabas que han llevado a nuestra economía a un virtual estancamiento. Sacarla adelante será, sin embargo, un inmenso desafío político, en un contexto en que la oposición ha apostado por crispar el debate y caricaturizar algunos de los contenidos del proyecto, aun al precio de contradecirse a sí misma.

Ejemplo de esto han sido los primeros aprontes de la discusión tributaria, que probablemente será el punto de mayor controversia. La oposición ha buscado unirse en torno al rechazo de lo que propone el Ejecutivo, instalando el eslogan de que esta sería una “reforma tributaria para los ricos”. La falacia del argumento es clara. Desde luego, los mayores impuestos y las trabas a la inversión no le han dado buenos resultados al país. Al contrario, ha sido a lo largo de la última década cuando, a partir de la reforma tributaria de la segunda administración Bachelet, la economía se ha ralentizado, la inversión ha perdido dinamismo y los déficits fiscales se han incrementado; todo ello, con un duro costo para la ciudadanía en términos de empleo y oportunidades. Modificar una estrategia que no le ha funcionado a Chile y reenfocarse en el crecimiento no solo parece así acertado, sino que corresponde exactamente a lo que se le propuso al país en la última campaña presidencial. Y es que el camino de mantener los impuestos altos y un Estado anquilosado y poco amigable a la inversión, difícilmente revitalizará nuestra alicaída economía. Tan claro es esto, que incluso el gobierno anterior y el propio presidente Boric se manifestaron en su momento partidarios de reducir la tasa del impuesto corporativo, admitiendo que esta —situada muy por encima del promedio OCDE— resta competitividad al país. Es cierto que ellos planteaban una fórmula compensatoria distinta, pero eso no modifica el punto de fondo, cual es la inconveniencia de mantener la actual tasa. Ese es, tal vez, el mayor desmentido a las consignas, ¿o es que acaso los parlamentarios del Frente Amplio y del PS creen que el exministro Marcel y el expresidente Boric estaban buscando beneficiar a “los ricos” cuando abordaban el tema?

Así, pues, frente a la predecible ideologización del debate, el Gobierno deberá oponer un discurso convocante, que explique a los ciudadanos y a los sectores políticos más moderados los costos que ha significado la estrategia tributaria seguida por el país hasta ahora, y los beneficios que podría acarrear la nueva agenda. Un papel clave jugará en este sentido el éxito del ajuste fiscal que impulsa el Ejecutivo. Por una parte, este es, al final del día, el principal mecanismo de financiamiento de la proyectada rebaja de impuestos. Pero, además, y desde una perspectiva política, el apoyo ciudadano al plan del Gobierno estará críticamente ligado a la capacidad que este tenga de identificar y terminar con bolsones de gastos superfluos o ineficaces. Ello será el modo más efectivo de demostrar que el ajuste no afectará programas sociales bien justificados, sino que atacará el exceso de burocracia y aquellos planes y programas que no tienen razón de existir, y que ese ahorro de recursos revertirá en mejores oportunidades para todos los chilenos.