Señor Director:

La reciente suspensión de clases en nuestro colegio, tras rayados con amenazas de tiroteo en los baños y su posterior difusión en redes sociales, deja en evidencia una preocupante falta de criterio en la forma en que hoy se abordan estas situaciones. La decisión se tomó para resguardar la seguridad de estudiantes y equipos, en un contexto de temor real en la comunidad.

Junto con ello, se realizaron las denuncias correspondientes ante la PDI y el Ministerio Público, y se coordinó apoyo con Carabineros, activando los protocolos disponibles. Sin embargo, al consultar a la autoridad educacional, se nos indicó que esta situación no puede ser considerada como excepcional, al no existir daño en la infraestructura del establecimiento.

Cabe entonces preguntarse: ¿qué se entiende hoy por una situación grave? ¿Es necesario esperar un hecho material para reconocer un riesgo evidente?

Más allá de este caso, preocupa una forma de proceder que, de manera reiterada, aplica la normativa sin considerar el contexto ni las nuevas realidades que enfrentan las comunidades educativas. En la práctica, esto implica que decisiones preventivas, orientadas a proteger, no son reconocidas como válidas.

La realidad escolar ha cambiado. Las amenazas existen, generan temor y afectan el funcionamiento de los establecimientos, aun cuando no dejen huella física. Si el sistema no es capaz de reconocer la prevención como una acción legítima, entonces estamos obligando a las comunidades educativas a reaccionar cuando ya es tarde.

Mónica Van Gindertaelen Hayden
Directora ejecutiva Corporación OPTE 
Colegio Puelmapu