Durante mucho tiempo fui escéptica respecto de la necesidad de que los gobiernos tuvieran, además de políticas públicas correctas, un “relato”. Pensaba que la función principal de un gobierno era saber identificar bien los problemas del país y elaborar el diseño de los medios más aptos y eficientes para obtener los resultados deseados.

La experiencia me ha ido demostrando que, sin una narrativa que explique esas políticas, es imposible lograr que la ciudadanía las entienda, las perciba como legítimas y, en consecuencia, que confíe en ellas. Hay decisiones difíciles que solo serán viables si logran concitar una aceptación mayoritaria, para lo cual es indispensable que sus verdaderos propósitos sean comprendidos, a pesar de su complejidad. Un lenguaje técnico no permite hacer la conexión entre las medidas que se promueven y los problemas que las personas enfrentan, ni cómo estos afectan la vida diaria. Esto promueve la incertidumbre y debilita la credibilidad de los gobiernos. En suma, si las políticas no se entienden, no se valoran y pasan a ser insostenibles en el tiempo.

Es más, si el gobierno no tiene un relato inteligible, serán otros los que definan el significado de su programa. Este es el caso en la actualidad, donde la oposición trata de imponer una narrativa alternativa que sugiere que, por ejemplo, la disminución de los impuestos a las empresas está destinada a favorecer a los más ricos, en circunstancias de que es una medida indispensable para promover la inversión; y sin inversión es imposible que crezca la economía, y si la economía no crece, no se generan los empleos que la población requiere, especialmente los jóvenes y las mujeres, y si no hay creación de empleos, no es posible superar la pobreza, ni tampoco restaurar la dignidad que solo se adquiere cuando las personas ven oportunidades y pueden tener esperanza de una vida mejor para ellas y sus familias. Sin crecimiento tampoco se puede satisfacer la urgencia de que las personas puedan adquirir una vivienda que garantice un mínimo de seguridad y de la intimidad que se requiere para formar una familia. Finalmente, es incuestionable que si la economía no crece, la recaudación de fondos para brindar servicios sociales se ve completamente disminuida y, así, se entra en el círculo vicioso de aumentar el gasto social sin el respaldo de una economía que lo sustente, lo cual conduce al incremento de la deuda pública que, a su vez, exige destinar en la actualidad el 5% del PIB, simplemente, al pago de los intereses por la deuda.

Pero un buen relato, que dé coherencia a las distintas iniciativas políticas, debe estar precedido por una visión de largo plazo del país que se quiere desarrollar. Los gobiernos deben justificarse no solo por su eficiencia, sino, por sobre todo, por cuál es su sentido de lo justo.

Si se analizan las propuestas de la presente administración, queda claro que su relato central implícito es uno que busca que cada ser humano sea capaz de desarrollar la totalidad de su potencial y talento, cualquiera que este sea, de modo que exista una simetría lo más perfecta posible entre la capacidad y los talentos de las personas y el lugar que ocupan en la sociedad, de tal forma que su destino no esté determinado por su cuna. Eso no es posible sin un aumento revolucionario de la calidad de la educación pública y sin la creación de más y mejores oportunidades y de mayor prosperidad material que aumente la calidad de vida cotidiana de las personas. Si bien es una prioridad aspirar a liberar la creatividad de cada ser humano en beneficio de la sociedad en su conjunto, tan necesario como ello es crear una red de protección para aquellos que por sí mismos, sin la ayuda de la colectividad, no pueden superar su estado de precariedad. Ahora bien, tener un relato no sirve mucho si no va acompañado por la capacidad para poder comunicarlo.