La reciente declaración de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), tras su encuentro nacional, trasunta una inquietante desconexión con el momento que atraviesa el país. Al rechazar lo que denominan el “uso disciplinario” de la gratuidad —en referencia a la posibilidad de retirar beneficios a quienes incurran en actos de violencia— y anunciar una estrategia de “agitación y movilización” que estarían preparando, la dirigencia estudiantil parece intentar reeditar fórmulas de presión que la ciudadanía hoy observa con distancia, cuando no con franca desaprobación.

Resulta paradójico que se califique como “criminalización” la aplicación de medidas que buscan resguardar la seguridad en los recintos educativos. La agresión sufrida recientemente por la ministra de Ciencia en una universidad sureña no es un hecho aislado, sino el síntoma de una erosión de la autoridad que el actual Gobierno intenta revertir mediante iniciativas como el proyecto de Escuelas Protegidas. Pretender que la gratuidad sea un derecho absoluto, desprovisto de cualquier deber cívico o respeto mínimo a la convivencia, es una postura que difícilmente encontrará eco en una sociedad que demanda, con urgencia, el imperio del orden.

Chile, en efecto, no es el mismo de 2019. En ese momento, una parte relevante del país no solo apoyó todo tipo de movilizaciones, sino que toleró algunos de sus peores y más violentos desbordes. Hoy el cuadro es muy distinto, precisamente porque la ciudadanía ha conocido y sufrido las consecuencias a las que condujo la “vía de los hechos”, en términos de degradación del orden público, deterioro de la seguridad y exacerbación de la incertidumbre. Así, el clima de agitación de entonces ha dado paso a una preocupación profunda por la seguridad pública, la estabilidad económica y la creación de empleos. Las personas hoy priorizan la normalización de sus actividades y valoran la autoridad frente al desorden. También advierten que, bajo la amenaza de reactivar las calles como mecanismo de extorsión política, subyace un desprecio por la institucionalidad democrática y sus mecanismos, en tanto se pretende imponer por la referida vía de los hechos aquello que no se pudo lograr con votos.

La Confech debiera advertir que el Chile actual exige responsabilidad antes que agitación, propuestas antes que consignas y realismo antes que voluntarismo. Cuando la principal demanda del país es recuperar orden, estabilidad y horizontes de progreso, la amenaza de movilización apunta en una dirección exactamente contraria de lo que las grandes mayorías anhelan.