El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue creado por ley en julio de 2009, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Su propósito era el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos en democracia, y su gobernanza quedó a cargo de un consejo de 11 miembros, compuesto por personas con trayectoria en DD.HH., cuatro de las cuales son elegidas por organizaciones vinculadas a esa temática. Dada la historia reciente del país, parecía natural y legítimo que en muchos casos esa trayectoria estuviera ligada a quienes denunciaron o fueron víctimas de atropellos a los DD.HH. durante el régimen militar, pero también ha ocurrido que algunas organizaciones han sido cooptadas por sectores de izquierda dura. Esto se ha reflejado tanto en la conformación de los cuadros funcionarios del Instituto como en las actuaciones del organismo, a menudo teñidas por posiciones ideológicas marcadas. Ello, al punto que, cuando en 2019 Sergio Micco asumió su presidencia, uno de sus consejeros, Yerko Ljubetic —actualmente su presidente—, afirmó que le parecía “irregular” que alguien con “una visión de derecha” liderara la institución. Asimismo, durante la revuelta de octubre de 2019, la entidad estuvo fuertemente tensionada por las presiones de la izquierda para que la actuación de las fuerzas de orden fuera calificada como una “violación sistemática” de los DD.HH. dirigida desde el Ejecutivo. El rechazo de Micco a esas presiones le significó enfrentar una dura oposición interna y una extensa toma de la sede del organismo.

Ese conjunto de elementos ha dañado la credibilidad del INDH, al percibir la ciudadanía que la forma en que aborda las tareas que la ley le encomienda se ha visto despojada de la nobleza asociada a la protección de los DD.HH., para transformarse en una especie de trinchera ideológica, que los utiliza para instalar la mirada política de algunos de sus consejeros y de muchos de sus funcionarios. Ante ello, han surgido varias iniciativas para modificarlo. En esa línea, un planteamiento interesante es el de un proyecto presentado por el senador Longton (RN), que considera reducir el consejo a nueve miembros, suprimiendo dos de los correspondientes a las organizaciones de DD.HH. y asegurando una composición más balanceada. También propone la extensión de los hechos a los que se aboca a delitos como el terrorismo y secuestro, terminando con el criterio de solo considerar violaciones a los derechos humanos los abusos de agentes del Estado. Y junto con ello, establece una rendición de cuentas periódica ante el Congreso.

Distinto es el camino que ha planteado Ljubetic. Como lo expresó en su última cuenta pública, cree necesario “ampliar la mirada” del organismo, para abordar otras “dimensiones” de los derechos humanos. Ha ejemplificado con el caso de la educación, incluso pronunciándose respecto de temas como el sistema de admisión educacional (SAE), la “deuda histórica” de los profesores o la validez de las pruebas estandarizadas como el Simce.

Para el país, solo tiene sentido contar con un INDH si este da garantías a la población de que su labor será abordada de manera universal y no partidista o ideológica, y de que tampoco se usará el prestigio de la causa de los derechos humanos para “blindar” determinadas políticas públicas, impidiendo el debate democrático. Del mismo modo, corresponde revisar cuál ha sido su papel como querellante en causas judiciales, considerando los serios reparos a su desempeño que en algunos casos han formulado los tribunales. En definitiva, se debe definir con mayor claridad su propósito, integrar a su consejo a personas que den esas garantías, y que su labor pueda ser sometida a algún escrutinio de una institución o personas que la ley defina.