Nuevamente un proyecto de repatriación de capitales se discutirá en el Congreso; en esta oportunidad, como parte del plan de reconstrucción nacional anunciado por el Gobierno. Al igual que en ocasiones anteriores, la fórmula consistiría en abrir una ventana transitoria para que capitales de chilenos en el exterior que no han sido debidamente declarados puedan acceder a una tasa preferente de impuestos, sin necesariamente ser ingresados al país. De esta manera, se obtendría una mayor recaudación y los capitales declarados pasarían a ser parte formal del patrimonio de las personas declarantes, por lo que sus rentabilidades comenzarían a pagar impuestos futuros.
Fue en 2015 cuando entró en rigor el primer esquema extraordinario de declaración de bienes y rentas ubicados u obtenidos en el exterior que se encontraran en situación de incumplimiento tributario. El sistema permitió regularizar dicho incumplimiento con un pago de un impuesto único de 8%, sustitutivo de todos los impuestos que pudieran adeudarse. Ese programa fue considerado muy exitoso, permitiendo no solo regularizar una suma importante de capitales en el exterior, sino que también recaudar 1.500 millones de dólares, cifra muy superior a la estimada en el informe financiero del respectivo proyecto de ley. Este éxito seguramente explica que, con posterioridad, en 2024, el gobierno del presidente Boric presentara una iniciativa similar (aunque con una tasa de 12%), pero recaudando menos de 100 millones de dólares.
La presentación ahora de un nuevo proyecto en 2026 da cuenta de que estas iniciativas han perdido su carácter de extraordinarias, y más bien han pasado a ser parte del paquete tributario que permitiría obtener recursos adicionales. La evidencia del segundo programa de repatriación sugiere que el rendimiento marginal de estos proyectos puede ser bajo. En efecto, cuando medidas de carácter extraordinario pasan a ser ordinarias, se eliminan los incentivos a apurar la regularización, a la espera de que un nuevo plan —eventualmente, más favorable— sea presentado en el futuro. La recurrencia, además, hace menos costoso el incumplimiento, toda vez que la posibilidad de que en pocos años aparezca una ventana de regularización disminuye la probabilidad de ser identificado como infractor, con lo que aumenta la rentabilidad esperada de mantener capitales irregulares en el exterior: hacer las cosas bien conlleva pagar un alto impuesto, mientras que mantener actividades irregulares evita pagar impuestos altos y, de vez en cuando, es premiado con una tasa preferente.
Más allá de las obvias necesidades financieras del Estado, el gobierno del Presidente Kast debe evitar profundizar el deterioro institucional que significa ofrecer, de manera recurrente, un perdonazo tributario.