La opacidad con la que, en general, operan los municipios ha quedado una vez más en evidencia en un nuevo reporte de la Contraloría. En este caso, comprobó que varios municipios gastaron más en distintas celebraciones que en ayudas sociales para sus habitantes; la revisión, cabe hacer notar, dejó de lado festividades transversales, como las fiestas patrias. Aun así, los montos totales involucrados ascendieron a US$ 35 millones. Esto rápidamente llevó a parlamentarios de distintos sectores a anunciar proyectos de ley para restringir los gastos que pueden hacer los municipios.

Tal solución, sin embargo, contribuiría poco a asegurar una mejor gestión. La Ley Orgánica de Municipalidades establece expresamente que los gastos de los gobiernos comunales deben destinarse a cumplir con sus obligaciones propias e ir en directo beneficio de la comunidad. Los gastos reportados por la Contraloría no se acercan a satisfacer este mandato y quizás deberían establecerse multas más precisas a alcaldes y concejales cuando se produce este incumplimiento. Pero el problema es más profundo. Los montos denunciados en este caso representan un poco menos del 1% de los desembolsos que realizan los municipios en bienes y servicios de consumo y producción. A su vez, estos representan un 27% del total de desembolsos. No son, en rigor, cifras significativas dentro de los presupuestos municipales, pero si la población tuviese acceso a su detalle igual producirían indignación, pues los ciudadanos demandan un buen uso de los recursos públicos. Así, parte de la solución, antes que definir en qué se pueden usar los dineros, es apuntar a una mayor transparencia y a una modernización de la gestión. Por lo demás, concentrarse solo en algunos gastos olvida otros fenómenos que arrojan dudas más generales sobre la efectividad en el uso de los recursos públicos.

En efecto, el gasto total de los municipios, incluido inversión, ha experimentado un fuerte aumento en las últimas décadas. Si en 1990 representó un 2,1% del PIB, en 2008 ya había alcanzado un 2,8% y en el momento actual suma un 4,1 por ciento. Es una variación significativa. Por supuesto, estos recursos han posibilitado el desarrollo de más bienes públicos locales y otros apoyos a la comunidad. Con todo, no es evidente que la productividad en su labor haya crecido. En 1990, un 45% del total de desembolsos se destinaba a financiar remuneraciones. Desde entonces, esta proporción no ha dejado de subir, alcanzando un 54% en la actualidad. Así, el gasto en personas en los gobiernos locales ha subido de un 0,9% del PIB en 1990 a un 2,2%. Una parte importante de esto se explica por una gestión de personal deficiente.

La Dirección de Presupuestos no tiene un buen control del empleo en los municipios y solo recientemente ha podido iniciar un conteo razonable, aunque preliminar. Así, el Informe de Recursos Humanos del Sector Público de septiembre de 2025 reportó más de 469 mil empleos municipales, tamaño que se acerca a las casi 536 mil personas que informó para todo el gobierno central en diciembre. Además, las cifras de empleo municipal se han ido revisando al alza con el paso del tiempo.

 Siguen siendo, por tanto, números imperfectos. Las cifras reportadas de empleo público, por su parte, generan dudas adicionales. Entre septiembre de 2024 y 2025, el número de contratados en los Servicios Locales de Educación hizo subir los funcionarios del nivel central en casi 49 mil plazas. Este es principalmente personal traspasado desde los municipios. Sin embargo, en el mismo período, el personal municipal cayó en solo 24 mil plazas. Se puede hipotetizar que muchas de esas posiciones, destinadas a educación, fueron rápidamente reemplazadas, arrojando nuevas dudas sobre la productividad de la gestión municipal.

Un buen régimen de empleo público parece fundamental no solo en el nivel central, sino también en los gobiernos locales. Hay aquí reformas institucionales pendientes que no pueden seguir postergándose. Al mismo tiempo, debe existir una rendición mucho más transparente de los desembolsos y esta debe ser fácilmente accesible por la ciudadanía.