Las dificultades enfrentadas por el gobierno de Kast en las primeras semanas, además de los errores políticos y comunicacionales cometidos por algunos de sus representantes, crearon en sectores de la izquierda una temprana excitación respecto de la posibilidad de que el gobierno se deslizara hacia una crisis.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, al inaugurar el congreso ideológico de su partido, el 21 de marzo, llegó a decir: “Tenemos la pregunta de si eventualmente vamos a seguir teniendo democracia, si vamos a seguir teniendo derechos humanos”. Cuatro días después, la senadora socialista Daniela Cicardini pidió la renuncia del ministro de Hacienda. Como el impacto del alza de los combustibles provocó una inmediata caída del Gobierno en las encuestas, y además, los estudiantes secundarios no demoraron en salir a las calles, varios parlamentarios opositores sacaron cuentas alegres.

Es demasiado pronto para evaluar la gestión del Gobierno. Habrá que ver si avanzan o tropiezan sus principales iniciativas y, sobre todo, si la mayoría de la población siente que mejoran las condiciones de vida, en particular la seguridad y las perspectivas económicas.

No serán tiempos fáciles. Nadie sabe cuánto durará la guerra en el Medio Oriente, pero incluso si terminara hoy, sus efectos se sentirán por un tiempo prolongado. La inflación volverá a dar dolores de cabeza, en tanto que las posibilidades de crecimiento serán menos claras.

El Gobierno está obligado, por lo tanto, a procesar los diversos factores que pueden incidir en que su gestión sea o no exitosa. Y no le sirve la rigidez programática. Si determinadas medidas, concebidas para un escenario estable, asoman ahora como fuente de posibles conflictos, tendrá que descartarlas o adecuarlas a la realidad.

En este contexto, se pondrá a prueba la calidad de la política. El Gobierno está obligado a actuar dentro del orden constitucional y legal, pero eso mismo tiene que valer también para la oposición. La lealtad con la democracia no puede ser relativa ni fluctuante. No puede reeditarse impunemente la complicidad con la violencia de partidos que, aunque gozan de las ventajas del reconocimiento legal, en 2019 configuraron una tendencia inequívocamente golpista.

La cobarde agresión que sufrió en la Universidad Austral la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, debe interpretarse como un anuncio. Se trata de un intento de validar el ataque físico a los representantes del Gobierno con la excusa de que son expresiones del movimiento social. Como fue amplia la condena a esa agresión, volvimos a escuchar el estribillo de que “no hay que criminalizar la protesta”. La verdad es que, en el mundo de la izquierda, hay quienes están convencidos de que cuando gobierna la derecha, todo vale en su contra.

Habrá, pues, una corriente opositora contra Kast que aplicará el modelo usado contra Sebastián Piñera: un pie en la calle y el otro en el Parlamento. El énfasis dependerá de las circunstancias. El problema es que sus inspiradores creen que Chile es el mismo de hace seis años. Y no es así. No pasaron en vano la violencia octubrista, la Convención y el gobierno de Boric. De allí se derivan ciertas lecciones que la mayoría de la población tiene presentes, la primera de las cuales es que, para vivir en democracia, no puede haber ambigüedades frente a la violencia política.

Está garantizada la libre expresión de diversos puntos de vista sobre el desempeño del Presidente de la República y demás autoridades. El régimen de libertades tiene bases firmes y es amplia la comprensión de que es necesario un empeño nacional para reducir las desigualdades. No tiene sentido, entonces, difundir relatos atemorizantes como que “los derechos del pueblo están amenazados”. El país puede dar nuevos pasos en materia de cohesión social en los próximos años.

Algunos opositores parecen desear que el gobierno de Kast sea “lo más ultraderechista posible”, con el fin de avalar la narrativa de combate y la metodología que vimos en la Universidad Austral. Calculan que, si el Gobierno es presentado como aborrecible, se podrán justificar las funas, las campañas ofensivas y hasta la agresión directa.

No estamos condenados a repetir los errores costosos. Pero ello exige defender el pacto democrático sin veleidades. El negocio de la crispación política erosiona nuestra convivencia. Por lo tanto, es indispensable que el Gobierno muestre templanza y ductilidad, y que dialogue de modo fructífero con las fuerzas opositoras que estén dispuestas a establecer acuerdos que hagan progresar a Chile. Hay que aislar a quienes fomenten el espíritu de trinchera.