Señor Director:

He leído con atención la columna del biministro de Economía y Minería publicada ayer en su medio, en la que se plantean objetivos ambiciosos para consolidar a Chile como potencia minera. Es justo reconocer su claridad de propósito: atraer inversión, fortalecer la institucionalidad y proyectar la actividad extractiva hacia las próximas décadas. Todo eso suena razonable.

Pero hay una pregunta incómoda y que conviene poner sobre la mesa antes de seguir aplaudiendo: ¿potencia minera en qué sentido?

Chile lleva más de un siglo explotando sus recursos minerales con éxito indiscutible en términos de producción y exportaciones. Sin embargo, ese liderazgo contrasta con una debilidad estructural difícil de ignorar. Como ha señalado el economista Ricardo Hausmann —a quien entrevisté recientemente—, resulta llamativo que, pese a esta larga trayectoria, no existan capitales mineros chilenos relevantes invirtiendo en países como Australia o Canadá, mientras que empresas de esos países sí operan en Chile. Dicho de otro modo: producimos mucho mineral, pero no necesariamente sabemos más de minería.

El punto no es menor. Si la ventaja comparativa de Chile sigue descansando en la extracción, sin desarrollar capacidades tecnológicas, de gestión y de innovación equivalentes, el país corre el riesgo de quedarse atrapado en un modelo primario sofisticado, pero primario al fin.

Aquí es donde la discusión debe desplazarse —y con urgencia— desde la cantidad hacia la calidad. Ser potencia minera en el siglo XXI no puede significar únicamente extraer más cobre o litio, sino dominar el conocimiento asociado a esa actividad. Eso exige decisiones que van bastante más allá de los permisos y los incentivos tributarios.

Primero, el sistema universitario. Chile debería contar con facultades de minería y metalurgia entre las mejores del mundo, no como aspiración retórica, sino como política de Estado. Del mismo modo, disciplinas clave como el derecho minero siguen siendo tratadas como especialidades marginales en muchas carreras jurídicas, cuando deberían ocupar un lugar central.

Segundo, el capital humano avanzado. Si la minería es estratégica, entonces los mejores estudiantes de física, química, ingeniería y derecho deberían tener incentivos reales —becas robustas, formación internacional de primer nivel— para especializarse en ella. Hoy eso ocurre de manera fragmentaria.

Tercero, el rol de la industria. No basta con demandar mejores condiciones regulatorias; el sector privado debe asumir un liderazgo más activo en la construcción de un ecosistema de innovación. Becas, centros de investigación, alianzas con universidades extranjeras, financiamiento de desarrollo tecnológico: todo eso forma parte de la ecuación. Sin esa “caja negra” que describe Hausmann y que transforma inversión en conocimiento, la productividad se estanca y la dependencia tecnológica se perpetúa.

En síntesis, el desafío no es menor: pasar de ser un país que extrae recursos a uno que entiende, desarrolla y exporta conocimiento sobre esos recursos. Porque, en rigor, la verdadera potencia minera no es la que tiene más minerales bajo tierra, sino la que sabe más sobre ellos. Y en ese terreno, todavía estamos lejos de donde creemos estar.

Periodista