Según Hannah Arendt, el perdón es el aporte de Cristo (lo llama Jesús de Nazaret) al encarar los asuntos políticos. Se trata de un hecho fundamental para comprender el problema planteado por la perspectiva de los indultos presidenciales a los reos por acciones durante el estallido. Provoca debate el que los beneficiados sean catalogados como “agentes del Estado” y se estaría vulnerando las decisiones ya tomadas por la justicia.

La idea del indulto supone que es legítima una consideración política en su más amplio sentido. El supuesto que avala esta gracia —que siempre debe ser ejercida con prudencia— consiste en el hecho de que la justicia jamás puede ser perfecta, aunque se haya regido por uno de los más reconocidos Estados de Derecho del mundo. También, el tiempo puede transformar positivamente a las personas. Añado que, mientras la delincuencia es inextinguible, la violencia política cada cierto tiempo, cuando la sensatez y su cuota de inteligencia logran dominar los espíritus, tiene una posibilidad de culminar en lo que llamamos paz, siempre ambigua. Así como ha habido enfrentamientos dentro de una nación o entre ellas, la paz también es posible. Solo es invencible el ímpetu del enfrentamiento violento, aunque se le puede limitar. La práctica de los indultos en los conflictos políticos, lo que aquí interesa, constituye un elemento de la construcción de la paz, necesariamente quebradiza.

Más todavía, cuando aún existen carabineros y soldados condenados por haber recibido órdenes de defender en casos extremos las instituciones y la existencia de la república. Por algunas semanas, el destino de esta dependió de una delgada línea de carabineros frecuentemente exhaustos y sometidos a críticas implacables. Todos ellos merecen la plena libertad, ya que desde el 2022 se apagó el delirio en el que se vio envuelta nuestra patria, lo que posibilita la pacificación. A tenor de las informaciones públicas, casi todos los sucesos más graves con resultado de muerte o de mutilaciones se produjeron en situaciones de extrema violencia y raudo vandalismo. La fase violenta duró casi dos meses, con aproximadamente la misma cantidad de fallecidos que la asonada en Santiago del 2 de abril de 1957, que no duró más de dos días.

Que esto no debe ser carta blanca para las instituciones de orden, es un hecho de la causa. Sin supervigilancia y noción de los límites —misión especial de los jefes—, los portadores de la violencia legítima se desmadran por su lógica de acción. En esto, sin embargo, hay que plantear un punto. Si la revuelta desata la violencia, solo puede esperarse un grado de combate. No existe tal sin alguna cuota pequeña o grande de enardecimiento, signo que está fuera del orden normal aunque no del Estado de Derecho. Sin este elemento no es posible combate victorioso, y es lo que tenía de sobra la llamada “primera línea”, pletórica de ardor bélico destruyendo al país sin importar las personas.

Emprendía actos de cuasihomicidio (una piedra puede ocasionar más daño que una bala; para qué hablar de las bombas molotov) o simples desmanes que tienen por resultado violencia desoladora.

Si unos recibieron justicia, los encarcelados también lo debieran; en el caso de los uniformados, salvo que se confirme sevicia o incapacidad de contención, deben ser restituidos a sus puestos. Sucesiva o simultáneamente, se incorpora caso a caso a esta gracia a los condenados por violentismo o de protestatarios también enardecidos. La legitimidad del indulto así concebido se fundamenta en que si bien la probabilidad de conflicto interno o externo es inextinguible, con diestro manejo la paz también es posible.