La Dirección General de Aguas (DGA) mantiene más de 28 mil expedientes sin resolver, de los cuales la mayor parte consiste en solicitudes de constitución de nuevos derechos, cambios de puntos de captación de aguas subterráneas o del traslado del ejercicio de aguas superficiales, además de la regularización de títulos de pequeños agricultores con derechos consuetudinarios. Esto es grave, porque las inversiones y las decisiones de producción en sectores agrícolas, mineros y otros se ven afectadas al no poder desarrollarse hasta que la solicitud sea aprobada. Esto aumenta el riesgo y el costo de los proyectos.

Es natural que en un sistema bien regulado sea posible adecuar los derechos de aguas a nuevas necesidades. Por ejemplo, un proyecto que cambie de riego tradicional a riego por goteo podría permitir un uso más eficiente del recurso y extender así la superficie irrigada. En tal caso, puede ser conveniente cambiar el punto desde donde se obtienen las aguas, para evitar inversiones en tuberías y los costos de bombeo. A su vez, para los pequeños campesinos, la regularización de los derechos consuetudinarios valoriza sus tierras y les permite acceder a créditos.

Por ello, los retrasos en la DGA representan un costo para la sociedad, más aún cuando este organismo se ha transformado en el segundo mayor cuello de botella “permisológico” de la economía. Dado que en el gobierno pasado solo se resolvió el 60% de los expedientes presentados y que cada año ingresan casi nueve mil nuevas peticiones, el stock aumenta rápidamente. Las causas de la lentitud son variadas. La última normativa de aguas —introducida debido a una errada concepción de las debilidades del sistema anterior— ha hecho más compleja la evaluación y aprobación de los expedientes, con muchos trámites innecesarios. A su vez, la DGA no dispone de suficiente personal idóneo y ha disminuido su productividad. No cabe descartar tampoco que en el retraso hayan incidido los sesgos propios de un gobierno como el anterior, cuya matriz ideológica cuestionaba la existencia misma de derechos de agua modernos.

Ahora, para afrontar este stock de expedientes, será necesario simplificar los trámites e incentivar un trabajo serio y eficiente en la DGA.

Por cierto, no será esa la única tarea del nuevo gobierno en su política de aguas. Tendrá que impulsar y simplificar la aprobación de proyectos de desalación, agilizando la entrega de permisos de Directemar, así como las evaluaciones ambientales.

Algo similar será necesario si pretende construir embalses en las zonas en que aún es posible acumular agua durante el invierno. Ciertos grupos ambientalistas sostienen que los ríos deben fluir libremente al mar y que los embalses —incluso de riego— son antiecológicos. Sin embargo, sí es posible diseñar y operar embalses (aunque con menor capacidad de almacenamiento) de un modo tal que los ríos puedan cumplir la mayor parte de su función ecológica. Si bien esto no aplacará a los ambientalistas más extremos, permitiría que la opinión pública más razonable apoye proyectos que beneficien a la agricultura, desde grandes productores a pequeños chacareros.