Preocupan al Gobierno los efectos de las presiones populistas sobre el sistema de peajes en concesiones. Ya existe un proyecto de ley que busca eliminar el requisito de portar tag, con lo cual implícitamente se condonaría el no pago, y hay temores de que se reactiven los grupos que demandan no pagar por las obras concesionadas. Ante esto, el Gobierno está evaluando estrategias para aminorar estas presiones. Una de las ideas que se han planteado es reducir o congelar el valor del peaje, negociando fórmulas que permitan compensar a los concesionarios.

Para ello, una posibilidad sería que el Estado pagase con recursos fiscales la diferencia correspondiente. Esto, sin embargo, iría contra las políticas de reducción del gasto público de una administración que ha heredado un importante déficit fiscal. La alternativa —que en buenas cuentas significa traspasar el problema hacia el futuro— es alargar el plazo de las concesiones en un número de años a negociarse.

Pero aunque la solución parece sencilla y sería probablemente del agrado de concesionarios y del público, enfrenta problemas; en particular, en el caso de las concesiones urbanas. En efecto, tanto Costanera Norte como la Autopista Norte Sur son concesiones diseñadas en la década de 1990 y, por lo tanto, retrasadas en sus estándares de servicio respecto de las más modernas. Al retrasarse una nueva licitación, el descontento con esos estándares seguirá aumentando. Pero, además, dado que reducir o congelar los peajes incentiva el uso de las vías, la fórmula aumentaría aún más la congestión, que tanta molestia causa entre los conductores y que suele usarse como argumento contra el cobro del tag. Es decir, la solución podría terminar provocando más insatisfacción con el sistema en el futuro, aunque en el corto y mediano plazo pudiera apaciguar a los populistas.

El sistema de concesiones ha sido beneficioso para Chile, dotándolo de carreteras de buena calidad y que son mantenidas en forma permanente, a diferencia de las carreteras del Estado, cuya calidad es muy inferior, según mediciones técnicas. Sin embargo, una parte de la población que siempre ha gozado de las obras de infraestructura no dimensiona la situación previa a que ellas se hicieran. Así, les molesta pagar —y saber que lo deberán seguir haciendo— por obras que perciben como si hubieran existido desde siempre. A ellos se pliegan oportunistas que sí reconocen los beneficios de las concesiones, pero prefieren no pagar y que el Estado cargue con las compensaciones a las empresas.

Hay quienes piensan que al terminar las concesiones los peajes deberían reducirse a cero o al costo de mantenimiento. En la mayoría de los casos, empero, el Estado, acertadamente, ha preferido mejorar las autopistas y licitarlas de nuevo con un peaje similar al previo. Cabe recordar que hace una década se planteó extraer recursos de la renovación de concesiones para subsidiar otros proyectos (fue el origen de la empresa estatal Desarrollo País). Esto hoy se ve cada vez menos viable.