La violencia política no es un hecho aislado que ocurre fuera de un contexto que le permite prosperar, sino que se trata de un continuo que comienza con descalificaciones e insultos al adversario, a quien se le niega la legitimidad de gobernar.
A diferencia de otros sucesos similares del pasado, el cobarde ataque sufrido esta semana por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, en Valdivia, se ha tomado con razón la agenda pública y transversalmente, al menos en las palabras, las distintas agrupaciones han rechazado —con diversos énfasis y matices, por cierto— lo ocurrido.

Solo por nombrar algunos episodios violentos parecidos protagonizados por estudiantes, cabe recordar la irrupción en 2011 de una turba en una sesión de la comisión de Presupuesto en el ex Congreso Nacional, que tras insultos en contra del entonces ministro de Educación, Felipe Bulnes, tuvo que ser suspendida y el secretario de Estado obligado a salir del lugar en medio de forcejeos y empujones; lo acaecido con José Antonio Kast, en 2018, que fue agredido con patadas en la Universidad Arturo Prat, de Iquique; lo sucedido en 2023 con el exdirector del INDH Sergio Micco, quien era “funado” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por estudiantes, entre otros hechos que tienen como denominador común el ser protagonizados por jóvenes organizados integrantes o simpatizantes de movimientos de izquierda. Todo ello, sin siquiera hacer referencia a la serie de hechos de violencia y de cancelación a quienes piensan distinto, ocurridos durante el estallido de 2019 en los más diversos lugares.

Ahora que la opinión pública de forma abrumadora condena este tipo de comportamientos —muy distinto de lo ocurrido en su momento durante el estallido—, dirigentes políticos que están hoy en la oposición procuran adaptar su discurso a esta nueva realidad, lo cual no significa necesariamente que hayan cambiado internamente de opinión o terminado de darles su apoyo a esas agrupaciones estudiantiles que utilizan la fuerza y la violencia para hacer valer sus puntos de vista.

Para un sector de la izquierda que históricamente ha hecho de la victimización —el burdo intento de aprovecharse políticamente del caso Rojas Vade y de la desaparición de Julia Chuñil es una muestra reciente de ello— y las medidas de fuerza —paralizaciones ilegales, tomas, bloqueo de calles, funas, rayados y destrucción de la infraestructura pública, amenazas, etcétera— una forma de hacer política y alcanzar el poder, el rechazo que hoy tienen estas conductas en la ciudadanía los tiene seguramente desconcertados. Hoy, por ejemplo, difícilmente el expresidente Boric podría repetir muchas de las expresiones que hizo cuando era dirigente estudiantil y sin complejos manifestaba su apoyo a distintas medidas de fuerza. Así en 2009, justificaba la toma de la Facultad de Derecho de la U. de Chile de la siguiente manera: “Uno tiene que buscar el diálogo, pero si después de años no hay avances, la toma o la ocupación cultural son recursos legítimos”.

Lo que subyace a esa actitud mostrada por la izquierda es una visión profundamente antidemocrática, según la cual un sector político, la derecha, no tendría legitimidad para gobernar, por más que la ciudadanía le haya entregado su voto. De ahí la justificación que tendrían las medidas de fuerza para conseguir sus objetivos. Ese convencimiento fue la música de fondo que acompañó a las protestas de 2019 y a la pretensión de impedir que Sebastián Piñera terminara su mandato, ofensiva en la que se embarcaron incluso los partidos de la ex-Concertación.

Que se haya producido un aprendizaje en toda la izquierda luego de la última experiencia de gobierno es lo que está todavía por verse —detrás de los llamados a la renovación de sus proyectos políticos debiera estar en primer lugar el desmarcarse de la llamada “vía de los hechos” y asumir un leal respeto a la institucionalidad—, aunque su comportamiento en este primer mes de gobierno no parece ser muy halagüeño. Imposible es no preguntarse hasta qué punto el discurso que en estas semanas el PC, el FA y hasta algunos parlamentarios socialistas han levantado contra el gobierno de Kast ha servido justamente de abono para el resurgimiento de una violencia como la que se vio en Valdivia. Y es que no son inocuas, por ejemplo, frases como la de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que en un reciente acto del partido acusó a la nueva administración de las peores intenciones y tener “un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura”. Pero las cosas no se quedaron solo en los dichos: hacia el final de ese evento, un grupo desplegó en la galería un lienzo con los rostros de Kast, Javier Milei, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, cada uno con cuernos de diablo, y el mensaje: “Nunca serviles a locos y genocidas. Chile libre y soberano”.

Lo que parecen olvidar algunos es que la violencia política no es un hecho aislado que ocurre fuera de un contexto que le permite prosperar, sino que se trata de un continuo que comienza siempre con descalificaciones e insultos al adversario, a quien se le niega la legitimidad de desplegar su proyecto político. De ahí que lo sucedido esta semana en Valdivia debiera estar llamado a constituirse en un parteaguas en la forma de hacer política, lo que naturalmente trasciende la vida universitaria.