Señor Director:

Las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos, pues su planificación y construcción suele superar un período presidencial. Asimismo, un objetivo es que sean concluidas en plazos razonables, aunque esto no siempre ocurre.

La ampliación del Centro GAM ilustra ambos puntos: se inició en 2015 y, en 2018, la empresa contratista quebró, abandonando la obra. Luego, por distintas razones, no se adjudicó un nuevo contrato hasta fines del gobierno pasado, y hoy su financiamiento ha sido puesto en duda. La Contraloría alertó de hechos como este en 2025, cuando reveló que 517 obras de distintas reparticiones públicas han registrado término anticipado sin recontratación, en la última década.

El Gobierno ha puesto el foco en simplificar los trámites para las inversiones, lo que es positivo, pero también sería deseable un plan de acción para “destrabar” las obras interrumpidas por incumplimientos o quiebras de las empresas a cargo. Las razones de los retrasos pueden ser variadas, debe hacerse el aprendizaje institucional y ajustar normativa y procesos si es necesario. Y, por cierto, terminar las obras del GAM.

Exministro MOP, asesor CPI