Un grupo de diputados de oposición ha presentado un proyecto de reforma constitucional que amerita atención, no por sus fundamentos, ostentosamente demagógicos, sino porque representa el regreso de una perniciosa práctica legislativa.

Con la autoría del diputado comunista Luis Cuello, la iniciativa pretende introducir en la Carta Fundamental una nueva disposición transitoria, la quincuagésima quinta. Esto, para derogar los decretos dictados entre el 20 y el 25 de marzo pasado por los ministerios de Hacienda y Energía, que modificaron los parámetros del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) y que significaron el alza de las bencinas y del diésel. Junto con esa derogación, el proyecto prorroga la vigencia de los decretos que regían previamente hasta que se dicten nuevas resoluciones, con la limitación expresa de que estas no podrán significar un alza respecto de los precios existentes hasta el 25 de marzo. Este régimen se extendería por seis meses, pudiendo ser prorrogable por el Presidente de la República. Y si todo esto demandara recursos, ellos serían financiados con cargo al Fondo de Estabilización Económica y Social.

A simple vista parece una aberración, y no debería tener destino, una reforma constitucional cuyo solo objeto es derogar cuatro decretos y por esa vía dejar sin efecto las alzas de los combustibles. Se trata, sin embargo, del mismo mecanismo usado entre 2020 y 2021 para impulsar los retiros previsionales, pasando por alto las disposiciones de la Constitución sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República en esas materias. Junto con drenar los fondos de pensiones y generar nefastos efectos económicos, esos retiros significaron también una peligrosa degradación institucional: la consagración de un resquicio para burlar las normas que regulan el equilibrio entre poderes del Estado. Fueron, en definitiva, la expresión más clara del “parlamentarismo de facto” que, a partir del estallido de 2019 y luego durante la pandemia, se le pretendió imponer al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, desconociendo abiertamente sus facultades. Ahora, en un contexto menos dramático, pero marcado por los intentos de la izquierda de aprovechar políticamente el descontento ante las alzas de los combustibles, el proyecto del diputado Cuello reincide en la misma línea, pasando por alto las normas que entregan al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en materias que involucren la administración financiera del Estado, uno de los pilares de nuestra institucionalidad económica.

Pero tan preocupante como el contenido del proyecto es que este haya sido presentado con el apoyo no solo de otros diputados comunistas, sino también de la jefa de bancada del Frente Amplio y de un parlamentario socialista. Con ello, queda otra vez en evidencia la intención de una parte de la izquierda de replicar contra la administración Kast las mismas prácticas y el estilo de oposición desestabilizadora que tan irresponsablemente desplegaron frente al segundo gobierno de Sebastián Piñera.