Señor Director:

A raíz de la cobarde agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, me parece que la discusión debería centrarse en la validación institucional de la misma, más que en declaraciones o tuits de condena.

Para ello no hay que remontarse tan atrás. Fue en 2020 cuando cuatro senadores ingresaron un proyecto de ley que no solo eximía de castigo, sino incluso de declarar en investigaciones judiciales, a quienes hubieran ejercido violencia en el contexto de manifestaciones (precisamente lo que ocurrió el miércoles).

Luego, Fernando Atria, embriagado del ímpetu constituyente, declaraba a la violencia como partera del proceso.

Durante la misma Convención, integrantes que ahora son congresistas y, algunos, profesores de Derecho, querían eliminar el requisito de que las manifestaciones garantizadas constitucionalmente fueran “pacíficas”.

Y finalmente, en un tristemente recordado año nuevo, el presidente Boric perdonó a quienes fueron condenados por violentar a la sociedad chilena, declarando que no eran delincuentes.

Después de esta validación institucional, ¿nos seguiremos preguntando por qué algunos creen que pueden agredir sin tener un castigo por ello?

Juan Francisco Galli B.

Exsubsecretario del Interior