Señor Director:

La minería chilena no solo depende de su riqueza geológica, sino también de la confianza: en los contratos, en la palabra empeñada y en la certeza de que las obligaciones establecidas por la justicia serán cumplidas. Por eso, resulta especialmente preocupante que el grupo español OHLA, que se ha adjudicado contratos con el Estado y sociedades concesionarias, haya al mismo tiempo solicitado la liquidación voluntaria de su filial chilena OHL Industrial.

Así, a la vez que el grupo recibe la confianza del Estado para desarrollar proyectos de infraestructura clave, se busca abiertamente evitar pagar obligaciones pendientes, por más de US$ 21 millones, con proveedores que cumplieron íntegramente sus compromisos, deuda que en el caso de Syncore fue establecida por un laudo arbitral y que, por tanto, constituye una obligación cierta, determinada y exigible.

Cuando una situación así ocurre, el problema deja de ser solo empresarial. Se instala una señal más amplia: que una obligación validada por un tribunal puede quedar sin cumplimiento efectivo, mientras el grupo empresarial vinculado continúa operando y adjudicándose contratos con el Estado.

El riesgo es evidente. Lo que hoy afecta a los acreedores impagos de OHL Industrial del Grupo OHLA, que participa en proyectos financiados por todos los chilenos, puede ocurrir a cualquier actor público o privado —incluyendo al MOP y Codelco, que mantienen contratos activos con el grupo— cuando, a pesar de una sentencia condenatoria, se opte por liquidar una sociedad para seguir operando a través de otras.

Si los costos del incumplimiento terminan siendo absorbidos por quienes sí cumplen, lo que se debilita no es solo una relación contractual, sino el estándar sobre el cual se construyen industrias clave. La confianza, a diferencia de los balances, no se puede liquidar sin consecuencias.

Socio y director ejecutivo de Syncore