El Crédito con Aval del Estado (CAE) fue creado en 2005, con un objetivo claro: expandir el acceso a la educación superior en un contexto donde las restricciones económicas limitaban las oportunidades de miles de estudiantes. Su diseño buscaba conectar la demanda creciente por acceder a la educación superior con un sistema financiero que veía en la responsabilidad en el pago de las obligaciones una fuente de crecimiento. Así, la banca financiaría los estudios y el Estado actuaría como garante. Si bien el diseño original no prestó toda la atención necesaria a detalles importantes que afectarían, entre otras cosas, la calidad de la educación superior, su eficacia en haber expandido el acceso es indesmentible. Pero, a dos décadas de su creación, se ha transformado en un paradigma de cómo la política, a partir de diagnósticos erróneos e ideología intransigente, no solo no logró perfeccionar una política pública, sino que desvirtuó y dañó el financiamiento de la educación superior en general.

Así, hoy más de 550 mil personas están en mora con el CAE —el total de deudores es cercano a 1,2 millones—, con una deuda impaga que se acerca a los $4 billones, cifra que casi se dobla si se consideran los pasivos acumulados por los desertores del sistema de educación superior. Si se suman todos los beneficiados, el porcentaje que dejó de pagar o tiene una garantía ejecutada se acerca al 60%. Esta cifra ha venido creciendo de forma importante en la última década, acrecentando las presiones sobre el presupuesto fiscal. Y es que estamos frente a un sistema que no puede ser sostenido sin apelar a la responsabilidad de pago de sus beneficiarios.

Frente a ello, el mundo político ha actuado sin medir consecuencias. La implementación de la gratuidad (2016) fue una respuesta equivocada a los problemas que tenía un sistema de educación superior que se había expandido gracias al CAE. El costo fiscal de la gratuidad, los problemas de incentivos que generó y la ausencia de evidencia de que dicha política haya incrementado la productividad de los jóvenes profesionales que enfrentan un mercado laboral de rápida evolución han demostrado el error de diagnóstico que la motivó. En paralelo, el CAE ha seguido operando como complemento o como reemplazo de la gratuidad en las instituciones que no se han sumado a ella. Quizás esto explique la retórica que emergió desde una izquierda que, sin poder terminar con el crédito por la vía legal, atacó su sostenibilidad a partir de un mensaje político persistente: la deuda universitaria es injusta, su condonación es deseable y su eliminación, una promesa plausible. Esto tuvo un efecto económico claro, al debilitar la expectativa de pago.

Los datos son consistentes con esta lectura. La proporción de deudores en incumplimiento ha crecido sostenidamente y, en muchos casos, el Estado ya ha debido ejecutar la garantía, transformando deuda privada en obligación fiscal. Pero el incumplimiento no parece asociado a los niveles de ingresos de los egresados y se da incluso entre quienes participan directamente en el diseño de políticas públicas. Todo esto sugiere que el problema principal no es la incapacidad de pago, sino los desincentivos para responder por las obligaciones contraídas. Esto representa un retroceso no solo financiero sino social, con consecuencias que van mucho más allá del CAE.

Por lo mismo, corresponde resaltar el reciente aumento en los pagos, tras el endurecimiento de las medidas de cobranza que ha implementado la administración del Presidente Kast. Bastó una señal creíble de exigibilidad para modificar el comportamiento de los deudores, lo que demuestra el rol de los incentivos y la importancia de brindar credibilidad a un sistema que depende críticamente de la responsabilidad de los beneficiarios. Y es que la actual situación financiera del CAE no es una consecuencia de su diseño, ni de la evolución del mercado laboral o de los costos educativos, sino el resultado de un mensaje de la política que ha socavado su lógica. Mientras no se reconozca este punto, cualquier intento de solución seguirá enfrentando el mismo problema : un sistema donde no pagar dejó de ser la excepción y pasó a ser la regla es simplemente insostenible.