No termina de dimensionarse toda la gravedad del cobarde ataque sufrido por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral, en Valdivia. Ciertamente, no es ella la primera figura pública víctima de la violencia facciosa que se ha instalado en distintos planteles de educación superior. El propio Presidente Kast, en 2018, fue agredido con patadas en la Universidad Arturo Prat, de Iquique, en tanto que años después, en 2023, el exdirector del INDH Sergio Micco era “funado” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por estudiantes de izquierda. Esos y otros casos han tenido como patrón la cancelación, el intento de impedir la expresión de ciertas ideas en un recinto universitario. Igual intolerancia —negación del concepto mismo de universidad— animó a los atacantes de la secretaria de Estado, pero estos fueron aún más allá: a las agresiones físicas y los insultos —algunos, de vergonzosa connotación racista—, sumaron el hecho de haberla mantenido durante más de dos horas retenida en el Aula Magna del plantel. Ella definió la situación como un “secuestro” y, aunque la palabra parece fuerte, es el término con que la Real Academia denomina a la acción de retener indebidamente a alguien.

Y por lo mismo, porque se trató de un acto de alcance extremo, queda aún más patente la debilidad de las explicaciones que hasta ahora ha entregado el rector de la universidad respecto de la forma en que se enfrentó la situación, tanto en lo que se refiere a las medidas de seguridad previas como en las decisiones adoptadas una vez desencadenados los hechos. En particular, es necesaria una aclaración más precisa respecto de por qué se descartó la intervención de la fuerza pública. Cuando se está perpetrando un delito violento, la disposición al diálogo no puede confundirse con la indolencia o la tolerancia frente a lo inaceptable. Tal confusión ha sido en parte responsable de la degradación de la vida universitaria en el país, donde grupos extremos suelen imponer sus términos al resto de la comunidad académica. La ambigua declaración emitida por la Federación de Estudiantes, de tendencia socialista, resume la actitud medrosa de quienes no comparten esa radicalidad, pero temen confrontarla.

El alcance de los hechos, sin embargo, va más allá del mundo universitario. No resulta casual que la ministra de un gobierno como el de Kast haya sido la víctima de un acto de violencia política organizada. Desde luego, es casi grotesco el contraste entre la pasividad que caracterizó a parte del movimiento universitario durante la administración Boric y su repentina activación luego del 11 de marzo. Lo complejo, sin embargo, es lo que subyace a esa actitud: no simplemente la mayor distancia ideológica respecto de un gobierno, sino una visión profundamente antidemocrática, según la cual un sector político, la derecha, no tendría legitimidad para gobernar, por más que la ciudadanía le haya entregado su voto. Ese convencimiento fue la música de fondo que acompañó a las protestas de 2019 y a la pretensión de impedir que Sebastián Piñera terminara su mandato, ofensiva en la que se embarcaron incluso los partidos de la ex-Concertación. Ahora es también lo que asoma en la agresión contra la ministra. Debe reconocerse que esta vez voces de todos los sectores relevantes han expresado su rechazo al ataque. Sin embargo, imposible es no preguntarse hasta qué punto el discurso que en estas semanas el PC, el Frente Amplio y hasta algunos parlamentarios socialistas han levantado contra la administración Kast, llegando a afirmar que pondría en riesgo la democracia, no es justamente el abono para el resurgimiento de una violencia como la que se vio en Valdivia.

Con todo, estos hechos sí debieran tener al menos un efecto clarificador: en días en que una parte de la izquierda, con frivolidad irresponsable, usa una y otra vez el término “ultraderecha” para descalificar al Gobierno, los atacantes de la Universidad Austral han venido a recordarle al país lo que es, en verdad, el ultrismo y en qué lugar del espectro político hoy se aloja.