Frente al aumento de violencia en las escuelas chilenas, el Gobierno sugiere instalar pórticos de detección de metales, revisar mochilas y establecer nuevas agravantes penales. Aunque estas medidas son comprensibles en un contexto de alarma general, muestran, una vez más, que existe un diagnóstico que confunde el desorden visible con el vacío invisible que lo origina.

Ese vacío se llama: la pérdida de la autoridad legítima del docente.

Hannah Arendt lo advirtió con claridad en su ensayo sobre la crisis de la educación, escrito en 1954 y que sigue siendo vigente. Para Arendt, la autoridad no es simplemente poder o coacción, sino algo más sutil y exigente: la responsabilidad del adulto de guiar al recién llegado en un mundo que preexiste a ambos. El maestro no ejerce autoridad por fuerza, sino que esta surge de la responsabilidad asumida ante la sociedad y las nuevas generaciones. Cuando esa autoridad desaparece, no hay libertad, solo desorientación. Una escuela sin jerarquías no libera, sino que abandona a sus estudiantes.

El filósofo contemporáneo Gert Biesta ha analizado este argumento desde una perspectiva distinta. En las últimas décadas, sostiene, ha ocurrido una silenciosa, pero destructiva transformación en la educación, que podemos llamar una “aprendizaje-ización”: el docente pasa a ser un facilitador, el estudiante se convierte en un cliente autónomo y la acción de enseñar —ese acto de transmitir algo del mundo a alguien que aún no lo conoce— desaparece del escenario. Una escuela sin profesores que enseñen no es más libre; es una institución que ha renunciado a su función.

Estos diagnósticos señalan problemas que las leyes de convivencia y los mecanismos de seguridad no pueden resolver. En las últimas dos décadas, el sistema escolar chileno ha promovido una visión igualitarista que desconfía de las jerarquías, elimina las diferencias de rol y considera autoritaria a la autoridad docente. Esto ha llevado a la progresiva deslegitimación del profesor: una figura sin peso simbólico, sin respaldo institucional y sin la capacidad de establecer límites que los alumnos perciban como propios.

Sin autoridad legítima, no se logra una disciplina internalizada; sin ella, no existe una comunidad escolar y, sin esa comunidad, la violencia ocupa el espacio. Los pórticos detectan el metal; no el vacío.

Lo que requiere la escuela chilena es devolverle al docente su papel central e insustituible. No como un educador autoritario que se impone por miedo, sino como un maestro que enseña por conocimiento, orienta por responsabilidad y establece límites porque le preocupa el futuro de sus alumnos. Esa autoridad no se otorga por ley ni se logra con cámaras de vigilancia. Se construye mediante la formación, el reconocimiento social, condiciones laborales dignas y una cultura escolar que vuelva a situar la enseñanza —y el aprendizaje que de ella surge— en el núcleo de todo.